El ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que transporta gasolina a la Ciudad de México, ha sido un dolor de cabeza para el plan antihuachicoleo de Andrés Manuel López Obrador, ya que desde que inició su estrategia ha sido perforado cuatro veces.
Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que carece de los recursos suficientes para hacer frente a los sabotajes a la red de ductos y robo de combustible por parte de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, que tienen presencia a lo largo del poliducto que atraviesa 30 municipios de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y llega a la capital del país.
Pese al despliegue de elementos militares y vigilancia aérea, López Obrador denunció lo que llamó "actos de sabotaje" en Tlanalapa, Hidalgo, y en los municipios mexiquenses de Otumba, Acambay y Atlacomulco.
El Estado de México ocupa, al corte de diciembre, el quinto lugar nacional en huachicoleo, mientras que Hidalgo es el segundo, por debajo de Puebla pero superando a Guanajuato, que durante muchos años fue el estado con mayor presencia de este delito.
La vulnerabilidad de este estratégico ducto, a decir de Rubén Salazar Vázquez, director general de Etellekt, deriva del control que ejercen los cárteles a lo largo del trazo del ducto, el cual comprende la zona donde creció el exlíder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, quien falleció el 7 de octubre de 2012 en un enfrentamiento con la Marina en Coahuila.
Agregó que la ordeña de este ducto en particular empezó a crecer mucho de 2016 a la fecha.
“La verdad es caótica la situación en la que se encuentra la red de ductos de Pemex, no sé si crítica, pero la cantidad de piquetes que le han hecho la vuelve muy obsoleta”, comentó Salazar Vázquez.
GRAN PROBLEMA PARA PEMEX
“Petróleos Mexicanos se encuentra expuesto a la comisión de actos criminales derivados del crecimiento de la delincuencia organizada, por lo que es víctima de la alta incidencia en los delitos en la materia, sufriendo incluso la pérdida de la vida de compañeros en el cumplimiento de su deber”, aceptó la petrolera.
El mercado negro de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos es un flagelo que atenta contra la seguridad nacional, porque su infraestructura estratégica, que incluye 68 mil kilómetros de ductos, refinerías, terminales de reparto, flota y otras han sido blanco de la delincuencia organizada encargada de surtir el comercio ilícito.
Como presidente, Enrique Peña Nieto pidió a los exdirectores diseñar y aplicar la estrategia integral de salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, un plan que permitió a la petrolera contar con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para vigilar y sellar las tomas clandestinas que en los dos últimos años ha ido en ascenso.
Como parte de la estrategia desde hace un par de años la empresa cuenta con al menos 365 camionetas tipo pick up y tres motocicletas de seguridad con características especiales para combatir el robo de combustibles en la red de ductos, según la petrolera. Estas unidades son arrendadas por la compañía a cargo hoy de Octavio Oropeza.
El exmandatario autorizó que se destinaran más de 17 millones 750 pesos de 2013 a 2018 para la adquisición de armamento para los efectivos militares y personal de la paraestatal.
El plan incluyó la capacitación de mil 882 empleados de la Sedena, de la Secretaría de Marina (Semar), de la Procuraduría General de la República (PGR), de las policías federal, estatales y municipales que les permitiera realizar una inspección física y documental de autotanques y detectar dónde y cuántas tomas clandestinas existían.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se retiró personal del Ejército de refinerías, terminales de almacenamiento y ductos, por la necesidad de usarlos en el combate al narco.
