Trabajadores de tres Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) se manifestaron para exigir mejoras en las condiciones de seguridad luego del ataque perpetrado el pasado viernes contra empleados del penal federal femenil 16 Morelos, el cual dejó un saldo de cinco personas muertas.
Fue precisamente en este penal, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, donde se dio la mayor movilización de trabajadores, los cuales acusaron la omisión y la negligencia con la que actuaron los directivos de este Cefereso ante la serie de amenazas que se recibieron previas al ataque del pasado viernes.
Pidieron además, la urgente intervención del Presidente de la República para que se se apoye de manera económica, jurídica y material a los familiares de los compañeros caídos y heridos, que se cubran los gastos funerarios y se garantice la manutención de los huérfanos de esta tragedia.
También exigen, debido a la situación de riesgo en la que se encuentra el personal penitenciario en todo el país, que se recontrate el seguro de gastos médicos mayores, el cual fue cancelado desde diciembre de 2018 como parte de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los inconformes, que sumaban poco más de 50 empleados, solicitaron vía oficio una audiencia con el Presidente para que se atiendan los reclamos de los trabajadores de los 18 centros penitenciarios federales del país.
DURANGO Y CHIHUAHUA SE SUMAN AL RECLAMO
Se registraron movilizaciones similares, aunque menos numerosas, en el Cefereso 7 de Guadalupe Víctoria, Durango y en el 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Trabajadores de estos centros penitenciarios señalaron que también han recibido amenazas tanto de grupos delictivos, como de familiares de reclusos. Sin embargo, dicen sentirse desprotegidos porque el Gobierno federal y la Secretaría de Seguridad Pública de la federación no les están brindando la seguridad necesaria para poder continuar con este trabajo tan delicado.
Ante medios de comunicación, comentaron que su trabajo es demasiado peligroso, ya que no cuidan “angelitos”, sin embargo, aclararon que realizan su trabajo bajo todas las medidas de seguridad y garantías de los Derechos Humanos de las personas que se encuentran recluidas en estos centros.
Advirtieron que el personal de custodia tiene una sobrecarga de trabajo por la falta de personal y jornadas laborales extenuantes de más de 30 horas.
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