El espionaje gubernamental en México a través de programas electrónicos constituyó en la pasada administración, es un foco rojo para la democracia y las garantías individuales, siendo el caso Pegasus el más preocupante ya que mostró la falta de regulación en estas situaciones, advirtieron expertos.
En entrevista con El Sol de México, John Scott Railton, investigador del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, señaló que ante el espionaje de gobierno, existen dificultades para que se dé una verdadera rendición de cuentas, así como la supervisión de la vigilancia que ejerce el Estado, y añadió que le preocupa que existan abusos por el uso que se dio en los últimos años con Pegasus contra periodistas y defensoras de derechos humanos en nuestro país.
Este software es uno de los programas de espionaje y vigilancia electrónica más sofisticados disponible para los gobiernos del mundo. De acuerdo con Citizen Lab en 2017, México ocupó el primer lugar de casos de espionaje gubernamental con Pegasus.
Se trata de un sistema de cómputo que se inserta en el teléfono celular a través de una falla electrónica de los fabricantes de teléfonos inteligentes y que puede controlar el sistema de su equipo de comunicación, accediendo a la información de las actividades que realiza su usuario.
En su oportunidad Ilia María Siatista, funcionaria legal de Privacy International, de Reino Unido, organización especializada en protección legal global de datos, con enfoque en las nuevas tecnologías, señaló que en México las principales acciones que se tienen que legislar para controlar el espionaje gubernamental, son los procedimientos para que se autorice la vigilancia del Estado.
Siatista explicó que el gobierno federal debe garantizar que se cumpla con un mecanismo regulador para la vigilancia, “y no sólo dejarlo en un marco general, sino especificar cada uno de los rubros en cómo solicitar la vigilancia”.
De acuerdo con un reportaje del diario norteamericano The New York Times en 2017 se dio a conocer que diversos defensores de derechos humanos, activistas y periodistas eran espiados por el Gobierno mexicano a través del programa Pegasus.
Más adelante se descubrió que entre las personas espiadas por el Gobierno estaban: la periodista Carmen Aristegui y su hijo Emilio; también, Daniel Lizarraga, Salvador Camarena, Rafael Cabrera y Carlos Loret de Mola; los defensores de Derechos Humanos del Centro Miguel Agustín Pro, Mario Patrón Stehanie Brewer y Santiago Aguirre; los políticos panistas Ricardo Anaya y Fernando Rodríguez Doval, así como el entonces senador por este partido, Roberto Gil Zuarth, entre otros.
Como uno de los casos de espionaje gubernamental, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, detectó que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes colaboraban en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recibieron mensajes infectados por el malware durante su estancia en México.
Además, Citizen Lab también reveló que un día después del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo del 2017, su esposa Griselda Triana fue espiada con el software Pegasus.
Siatista señaló que en México se necesita controlar el espionaje de Estado, fortaleciendo al Poder Judicial, a fin de atender las peticiones de vigilancia.
