/ lunes 2 de septiembre de 2019

Extesoreros de Coahuila y Veracruz en juicios, pero libres

Los exsecretarios de Finanzas de Coahuila y Veracruz se han librado de ser condenados pese a múltiples cargos

Los exsecretarios de Finanzas de Coahuila y Veracruz, responsables de firmar las impagables deudas públicas cuyos intereses ahogarán los presupuestos estatales durante las siguientes décadas, están libres pese a que pesan sobre ellos cargos que van desde el ejercicio indebido de la función pública hasta desvió de recursos obtenidos de los préstamos que obtuvieron en nombre de sus estados.

Como informó El Sol de México, hay entidades que tardarán décadas o incluso siglos en resolver la deuda en la que se comprometieron gobiernos anteriores. Coahuila, el peor caso, tardará 325 años en pagarla; Durango, 125; Campeche, 79; Tamaulipas, 65; Zacatecas, 61; Veracruz, 59; Baja California, 56, y Nayarit, 40 años.

Coahulia, el caso de deuda más grave del país, arrastra este problema desde la administración de Humberto Moreira (2005-2011), cuyo secretario de finanzas, Javier Villarreal Hernández, enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero en un juicio que ha durado más de siete años y en el que ya se declaró culpable, pero no ha recibido sentencia por lo que permanece en libertad.

Durante el pasado mes de julio, la corte de Texas debió dictarle sentencia a Villarreal Hernández, sin embargo sólo en ese mes se reprogramó cinco veces la audiencia para tal fin, la cual fue fijada hasta el próximo 14 de enero de 2020, mientras tanto, el permanece en Estados Unidos en donde se ha documentado sus salidas de compras a centros comerciales de San Antonio.

Sergio Ricardo Fuentes Flores, otro de los involucrados en la contratación de la megadeuda de Coahuila cuando fue administrador general de políticas públicas del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), y quien fue captado en un video explicando a Humberto Moreira como se maquinó el fraude, permaneció prófugo de la justicia hasta diciembre del año pasado cuando un juez dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra porque su delito ya había prescrito.

A ambos funcionarios la Fiscalía General del estado de Coahuila los acusa de contratar dos créditos por dos mil 100 millones de pesos con documentos falsos.

LOS DUARTISTAS

En Veracruz, estado que acumula una deuda pública de 47 mil millones de pesos acumulados durante las pasadas tres administraciones, funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares han sido acusados por cargos de desvío de recursos.

Sólo Javier Duarte de Ochoa, tuvo seis secretarios de Finanzas, todos indagados por autoridades judiciales por alguna irregularidad. Tomás Ruiz González titular de la Sefiplan de 2010 a 2013, fue llamado a declarar ante la PGR en el caso que se sigue contra Duarte.

Salvador Manzur Díaz fue tesorero dos meses tras los que fue cesado por uso de recursos para impulsar campañas delectorales. Carlos Aguirre Morales fue inhabilitado por tres años para ocupar puestos públicos porque no solventó observaciones hechas a la Cuenta Pública.

Fernando Charleston Hernández, es uno de los principales acusados en los desvíos millonarios de la administración Duarte, al igual que Mauricio Audirac Murillo, quien fue inhabilitado por 10 años para ocupar algún cargo público.

Antonio Gómez Pelegrín, fue el encargado de transparentar la cuenta pública para dar a conocer el nivel de la deuda de Veracruz.

Los exsecretarios de Finanzas de Coahuila y Veracruz, responsables de firmar las impagables deudas públicas cuyos intereses ahogarán los presupuestos estatales durante las siguientes décadas, están libres pese a que pesan sobre ellos cargos que van desde el ejercicio indebido de la función pública hasta desvió de recursos obtenidos de los préstamos que obtuvieron en nombre de sus estados.

Como informó El Sol de México, hay entidades que tardarán décadas o incluso siglos en resolver la deuda en la que se comprometieron gobiernos anteriores. Coahuila, el peor caso, tardará 325 años en pagarla; Durango, 125; Campeche, 79; Tamaulipas, 65; Zacatecas, 61; Veracruz, 59; Baja California, 56, y Nayarit, 40 años.

Coahulia, el caso de deuda más grave del país, arrastra este problema desde la administración de Humberto Moreira (2005-2011), cuyo secretario de finanzas, Javier Villarreal Hernández, enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero en un juicio que ha durado más de siete años y en el que ya se declaró culpable, pero no ha recibido sentencia por lo que permanece en libertad.

Durante el pasado mes de julio, la corte de Texas debió dictarle sentencia a Villarreal Hernández, sin embargo sólo en ese mes se reprogramó cinco veces la audiencia para tal fin, la cual fue fijada hasta el próximo 14 de enero de 2020, mientras tanto, el permanece en Estados Unidos en donde se ha documentado sus salidas de compras a centros comerciales de San Antonio.

Sergio Ricardo Fuentes Flores, otro de los involucrados en la contratación de la megadeuda de Coahuila cuando fue administrador general de políticas públicas del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), y quien fue captado en un video explicando a Humberto Moreira como se maquinó el fraude, permaneció prófugo de la justicia hasta diciembre del año pasado cuando un juez dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra porque su delito ya había prescrito.

A ambos funcionarios la Fiscalía General del estado de Coahuila los acusa de contratar dos créditos por dos mil 100 millones de pesos con documentos falsos.

LOS DUARTISTAS

En Veracruz, estado que acumula una deuda pública de 47 mil millones de pesos acumulados durante las pasadas tres administraciones, funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares han sido acusados por cargos de desvío de recursos.

Sólo Javier Duarte de Ochoa, tuvo seis secretarios de Finanzas, todos indagados por autoridades judiciales por alguna irregularidad. Tomás Ruiz González titular de la Sefiplan de 2010 a 2013, fue llamado a declarar ante la PGR en el caso que se sigue contra Duarte.

Salvador Manzur Díaz fue tesorero dos meses tras los que fue cesado por uso de recursos para impulsar campañas delectorales. Carlos Aguirre Morales fue inhabilitado por tres años para ocupar puestos públicos porque no solventó observaciones hechas a la Cuenta Pública.

Fernando Charleston Hernández, es uno de los principales acusados en los desvíos millonarios de la administración Duarte, al igual que Mauricio Audirac Murillo, quien fue inhabilitado por 10 años para ocupar algún cargo público.

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