La Fiscalía General de la República (FGR) inició una demanda de extinción de dominio contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), con la que busca que una de sus casas ubicada en la Ciudad de México pase a formar parte de los bienes del Estado.
Se trata de una residencia localizada en la colonia Lomas de Bezares que, según las investigaciones de la Fiscalía, fue adquirida por el exfuncionario tras recibir tres millones de dólares como uno de los sobornos recibidos por parte de Alonso Ancira por la compra a sobreprecio de la planta chatarra AgroNitrogenados.
Registros judiciales refieren que la demanda fue admitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en toda la República Mexicana bajo el expediente 9/2021 desde el pasado 4 de noviembre, luego de que se reiteró el aseguramiento de la propiedad.
“Como se ve, Emilio Ricardo Lozoya Austin se encuentra privado de la libertad. Así, con la finalidad de no producir un estado de indefensión al demandado [...] requiérase al Director del Instituto Federal de Defensoría Pública, a efecto de que, dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, tenga a bien proponer a un asesor para que en caso de así requerirlo la parte demandada se le brinde el servicio de asesoría jurídica”, se leen en el expediente.
Por esta residencia, que tiene un costo estimado en 3.4 millones de dólares, Lozoya es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones de procedencia ilícita en el caso conocido como AgroNitrogenados, por el que se perfila que la FGR pida en su contra una condena de 15 años de prisión y por el que la defensa del exdirectivo promovió un amparo para evitar que esta propiedad le sea retirada.
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Esta información sale a la luz un día después de que se diera a conocer que la FGR acusó de manera formal a Lozoya por su probable responsabilidad en el caso Odebrecht, por el que pidió una condena en contra del exfuncionario de 39 años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.
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