La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la organización Quinto Elemento Lab entregar 1.7 millones de pesos para entregar la versión pública de la carpeta de investigación del caso Odebrecht.
Así lo denunció la propia organización a través de sus plataformas digitales, luego de que por primera vez la FGR accediera a elaborar una versión pública del expediente completo del caso, pero a cambio pidió el pago 22 pesos por cada uno de las 81 mil 312 fojas que contempla esta “copia certificada”.
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“La solicitud original pedía versiones digitales, que tienen un menor costo en relación a una copia certificada, y la petición fue realizada por la organización periodística Quinto Elemento Lab, que en 2017 reveló los videos donde los ejecutivos de Odebrecht confesaban haber sobornado a Lozoya con 10.5 millones de dólares”, explicó la organización.
De acuerdo con Quinto Elemento, con esta información se busca conocer detalles sobre las diligencias ministeriales, los exfuncionarios implicados, las pruebas periciales, los datos entregados por otros países, las comparecencias de testigos clave y los hallazgos recabados después de que Emilio Lozoya, director de Pemex, fuera presentado ante el juez.
Cabe recordar que desde hace más de un año Lozoya está colaborando con la Fiscalía para poder acogerse al criterio de oportunidad, un beneficio que le ayudaría a reducir su castigo si coopera con las autoridades, y en la que ha acusado de corrupción a más de 15 políticos, como el panista Ricardo Anaya y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
“El hecho de que el expediente no sea público impide conocer los avances de las pesquisas, así como las evidencias aportadas por Lozoya, quien afirma que parte del dinero que recibió de Odebrecht lo entregó a legisladores para que aprobaran la reforma energética y otra parte fue para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”.
Ante esta situación, Quinto Elemento solicitó la intervención del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) para que resuelva si la Fiscalía debe ofrecer una versión digital del expediente, correr con el costo de las copias o exceptuar el pago.
Desde octubre de 2018 los comisionados del Inai le han ordenado a la FGR transparentar el caso en múltiples ocasiones; sin embargo, la FGR ha justificado que tiene en trámite amparos y recursos legales contra los fallos del Inai, mismos que aseguran que estos fueron desechados en los tribunales desde febrero y mayo de 2020.
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