Activistas y expertos denunciaron este lunes que la Guardia Nacional de México, un cuerpo de seguridad pública creado hace un año, funciona como una "sucursal" del Ejército, a pesar de que la ley establece que debe ser un organismo policial de carácter civil.
"El 80 % de los elementos cobran sueldo y tienen plaza en las Fuerzas Armadas. Toda la compra de equipo lo hacen las Fuerzas Armadas, toda la infraestructura es de las Fuerzas Armadas", dijo el analista Alejandro Hope durante el foro "Guardia Nacional: a un año de su puesta en operación".
A pesar de que la ley establece que el Ejército puede apoyar puntualmente a la Guardia Nacional, Hope señaló que "suponer que el Ejército se va a subordinar a la Guardia Nacional es francamente de risa".
Para combatir la crisis de violencia en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador disolvió el año pasado la Policía Federal e impulsó la creación de una Guardia Nacional de carácter civil.
La reforma constitucional con la que se creó establece que en un plazo de cinco años, durante los cuales la Guardia Nacional se consolida, el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública de forma "extraordinaria y complementaria".
Un año después, para la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, apuntó que la Guardia Nacional es en realidad "una pantomima para dejar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública".
"Normalizar que se haga cargo del combate y el delito de manera ordinaria y sin ser fiscalizados, perpetuará el grado de violencia e inseguridad", dijo Morera.
De acuerdo con los activistas y expertos del foro, la Guardia Nacional no ha reclutado a ninguna persona durante su año de existencia, por lo que sus 96.000 miembros han sido integrados y transferidos en su mayoría por el Ejército, institución de la que siguen cobrando.
"La Guardia Nacional es a todas luces una corporación militar, es una extensión directa de las Fuerzas Armadas y no hay delimitación directa entre guardias y elementos militares", señaló el investigador David Blanc.
Además, dijo que no existe un criterio claro en cuanto al despliegue, dado que los estados con más efectivos son el Estado de México, Michoacán y Oaxaca, a pesar de que las entidades con más homicidios son Guanajuato.
Diferentes ONG han criticado la participación de soldados en tareas de seguridad pública desde que el expresidente Felipe Calderon inició en 2006 la guerra militar contra el narcotráfico, dado que el Ejército ha sido acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos.
Para calmar los ánimos, López Orador firmó el pasado año un convenio con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para formar a los guardias nacionales en esta materia.
Sin embargo, la directora de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, señaló que "nunca hubo una evaluación" sobre este acuerdo.
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