/ martes 27 de agosto de 2019

Inai y Artículo 19 lamentan masacre de San Fernando de hace 9 años

Artículo 19 apuntó que el Estado tiene una deuda histórica con las familias de los 72 ejecutados

Al conmemorar nueve años de la masacre de agosto de 2010 donde 72 migrantes perdieron la vida en San Fernando, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) festejó que a través de este organismo autónomo, se pueda esclarecer lo ocurrido en Tamaulipas los días 22 y 23, en donde se dijo “se ensombreció, una vez más, el país”.

“El Estado democrático está en deuda con las familias y con toda la sociedad por el caso San Fernando, y el INAI ha tenido alguna participación para esclarecer y llegar por la vía del acceso a la información al conocimiento preciso y el derecho a la verdad”, expresó el comisionado presidente del INAI, Javier Acuña Llamas.

Es de recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque no definió los términos concretos en los que operaría el acceso a información en casos de violaciones graves, determinó la competencia del INAI para abordar el derecho a la verdad sobre los casos de las masacres de San Fernando y Cadereyta.

Foto: Especial

Con estas sentencias, la SCJN reconoce la facultad prima del INAI para catalogar hechos como violaciones graves a los derechos humanos con fines de acceso a la información y que no es necesario esperar la determinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para acceder a dicha información en un caso determinado.

“En un Estado de Derecho, en presunción, cuando ocurre una tragedia como ésta, lo que ocurre es que hay una interrupción que da pie a una barbarie”, añadió Acuña Llamas, al tiempo que dijo “el INAI reivindica su utilidad social cuando es instrumento de apertura y exige y hace valer también sus competencias, como ahora ocurre con la resolución de la Suprema Corte que reconoce potestades y capacidades del Instituto”.

Señaló que a 7 años de lucha por buscar y acceder a la información, la SCJN brinda la oportunidad a la sociedad para que a través del INAI pueda acceder a la verdad del caso San Fernando, en Tamaulipas, en 2010.


Estado tiene deuda histórica con deudos de los 72 ejecutados: Artículo 19

Como partícipes e impulsores del foro “El caso de la masacre de 72 migrantes en #SanFernando y el acceso a la justicia”, Artículo 19 coincidió en que el Estado tiene una deuda histórica con las familias de los 72 ejecutados.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19 enfatizó que el tema del derecho de acceso a la información, cuando hablamos de un derecho para la ciudadanía, se trata de que nos den la oportunidad en el momento de saber cuándo iniciaron las investigaciones en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Foto: Especial

“México tiene una deuda con ustedes no queremos ser el país que mata y desaparece periodistas y tampoco el país que oculta la verdad. Todos habitamos aquí, habitamos este planeta con nuestro dolo, y lo caminamos mientras sembramos memoria para tratar de cosechar esperanza”, expresó.

“Habitamos aquí buscando justicia para 72 migrantes asesinados en México, para los cientos de migrantes de Centroamérica desaparecidos y asesinados. Habitamos nuestros cuerpos y nos convencemos de que toda personas asesinada y desaparecida nos hace falta a todas y todos”, añadió.

Anuncian proyecto Memoria y Verdad para desdeñar el caso

En su oportunidad, el comisionado del INAI, Joel Salas señaló que saber cómo sucedieron las cosas y saber la verdad, permitirá a tranquilidad, ya que desaparece la incertidumbre sobre los hechos ocurridos los días 22 y 23 de agosto de 2010.

En este esfuerzo dijo, que el INAI con Articulo 19 y Fundar impulsan el proyecto Memoria y Verdad, “en donde tratamos de hacer del dominio público toda la información que se tenía sobre 15 casos en los que se habían generado graves violaciones a los Derechos Humanos”.

“A partir de una serie de artículos de transparencia proactiva tenemos facultades para proponer a los sujetos obligados una política mucho más robusta para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y juntos, tratar de tener las garantías mínimas de no repetición”, agregó.

Foto: Especial

Sobre la resolución de la SCJN, señaló que su alcance dará criterios orientadores sobre hacia a dónde se tendría que resolver en función de la sentencia para establecer criterios claramente definidos.

“Con esta resolución de la Suprema Corte creemos que se empodera mucho al órgano garante, porque habla de la utilidad y porque llevan nueve años tratando de tener acceso a la información sobre el caso San Fernando”, comentó.

Al conmemorar nueve años de la masacre de agosto de 2010 donde 72 migrantes perdieron la vida en San Fernando, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) festejó que a través de este organismo autónomo, se pueda esclarecer lo ocurrido en Tamaulipas los días 22 y 23, en donde se dijo “se ensombreció, una vez más, el país”.

“El Estado democrático está en deuda con las familias y con toda la sociedad por el caso San Fernando, y el INAI ha tenido alguna participación para esclarecer y llegar por la vía del acceso a la información al conocimiento preciso y el derecho a la verdad”, expresó el comisionado presidente del INAI, Javier Acuña Llamas.

Es de recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque no definió los términos concretos en los que operaría el acceso a información en casos de violaciones graves, determinó la competencia del INAI para abordar el derecho a la verdad sobre los casos de las masacres de San Fernando y Cadereyta.

Foto: Especial

Con estas sentencias, la SCJN reconoce la facultad prima del INAI para catalogar hechos como violaciones graves a los derechos humanos con fines de acceso a la información y que no es necesario esperar la determinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para acceder a dicha información en un caso determinado.

“En un Estado de Derecho, en presunción, cuando ocurre una tragedia como ésta, lo que ocurre es que hay una interrupción que da pie a una barbarie”, añadió Acuña Llamas, al tiempo que dijo “el INAI reivindica su utilidad social cuando es instrumento de apertura y exige y hace valer también sus competencias, como ahora ocurre con la resolución de la Suprema Corte que reconoce potestades y capacidades del Instituto”.

Señaló que a 7 años de lucha por buscar y acceder a la información, la SCJN brinda la oportunidad a la sociedad para que a través del INAI pueda acceder a la verdad del caso San Fernando, en Tamaulipas, en 2010.


Estado tiene deuda histórica con deudos de los 72 ejecutados: Artículo 19

Como partícipes e impulsores del foro “El caso de la masacre de 72 migrantes en #SanFernando y el acceso a la justicia”, Artículo 19 coincidió en que el Estado tiene una deuda histórica con las familias de los 72 ejecutados.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19 enfatizó que el tema del derecho de acceso a la información, cuando hablamos de un derecho para la ciudadanía, se trata de que nos den la oportunidad en el momento de saber cuándo iniciaron las investigaciones en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Foto: Especial

“México tiene una deuda con ustedes no queremos ser el país que mata y desaparece periodistas y tampoco el país que oculta la verdad. Todos habitamos aquí, habitamos este planeta con nuestro dolo, y lo caminamos mientras sembramos memoria para tratar de cosechar esperanza”, expresó.

“Habitamos aquí buscando justicia para 72 migrantes asesinados en México, para los cientos de migrantes de Centroamérica desaparecidos y asesinados. Habitamos nuestros cuerpos y nos convencemos de que toda personas asesinada y desaparecida nos hace falta a todas y todos”, añadió.

Anuncian proyecto Memoria y Verdad para desdeñar el caso

En su oportunidad, el comisionado del INAI, Joel Salas señaló que saber cómo sucedieron las cosas y saber la verdad, permitirá a tranquilidad, ya que desaparece la incertidumbre sobre los hechos ocurridos los días 22 y 23 de agosto de 2010.

En este esfuerzo dijo, que el INAI con Articulo 19 y Fundar impulsan el proyecto Memoria y Verdad, “en donde tratamos de hacer del dominio público toda la información que se tenía sobre 15 casos en los que se habían generado graves violaciones a los Derechos Humanos”.

“A partir de una serie de artículos de transparencia proactiva tenemos facultades para proponer a los sujetos obligados una política mucho más robusta para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y juntos, tratar de tener las garantías mínimas de no repetición”, agregó.

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