La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 20 años a cuatro exfuncionarios de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), quienes pagaron indebidamente dos contratos para el desarrollo de un evento internacional de astronáutica en 2016, con lo que causaron un daño al erario público superior a los 26.5 millones de pesos.
De acuerdo con Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, fue el Órgano Interno de Control (OIC) de la AEM la que determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años contra Francisco Javier Mendieta Jiménez, exdirector general de la AEM, a quien también se le impuso una multa de tres millones 807 mil 782 pesos.
Además de la inhabilitación, fueron sancionados Tiburcio Montalvo Naranjo, excoordinador general de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial y Jesús Macías Paz, exdirector de Financiamiento, a quienes también se les impuso una multa por el mismo monto antes mencionado, mientras que, a Enrique Pacheco Cabrera, excoordinador de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial se le aplicó una multa por 15 millones 113 mil 271 pesos.
Una auditoría realizada por el OIC durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara, Jalisco, fue la que evidenció que la agencia pagó dos veces por la contratación de la sede en la que se realizó el evento.
Mientras que un primer contrato contemplaba el arrendamiento del espacio para el evento, el OIC encontró que de forma indebida la AEM contrató a otra empresa por tal servicio, lo que generó un daño al erario por 11 millones 423 mil 346 pesos.
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A raíz de estos hechos la SFP inició un juicio en contra de la primera empresa con el fin de exigir la reintegración del pago realizado.
Cabe destacar que en el procedimiento sancionatorio también se determinó que en el contrato para la prestación del servicio de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad, lo que también ocasionó un daño al erario por 15 millones 113 mil 271 pesos.
Finalmente, la SFP señaló que en todo momento se respetó el derecho a la defensa de los involucrados.
