/ miércoles 9 de junio de 2021

Instruyen a presidencia informar sobre avances en negociación de contratos con penales

La resolución del Inai se da en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Consejería Jurídica del presidente de la República informar sobre las acciones realizadas, así como los resultados obtenidos, en torno a la negociación del Gobierno con empresas privadas que administran diversos centros penitenciarios del país.

De acuerdo con el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la resolución del Inai se da en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano que se inconformó con la respuesta de la Consejería, misma que clasificó la información bajo el argumento de que se trata de un proceso deliberativo en trámite para determinar su posible modificación o revocación.

Luego de los procedimientos legales, el Inai determinó que sin bien sí puede proceder la clasificación de ciertos apartados de la negociación, los resultados de las misma no forman parte de un proceso en trámite, por lo que es posible su publicación.

“Debe haber una relación de hechos y de acciones que se hayan llevado, como, por ejemplo, enlistar un número de reuniones con estos proveedores, señalar que hay acuerdos y que están pendientes otros, e indiscutiblemente cabe saber si las acciones civiles de denuncia o demanda fuesen pertinentes conforme a la legalidad, si han iniciado ya o si se está esperando algún tipo de trámite o de respuesta que pueda estimarse como negociación”, señaló el comisionado.

La solicitud nace luego de que el pasado 13 de enero de este año, en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, informar sobre las acciones realizadas en torno a estos contratos.

En la misma conferencia Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, dio a conocer que se realizó la revisión de ocho contratos de prestación de servicios en los centros penales, en la que se advirtió que los mismos, celebrados durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando el secretario de Seguridad era Genaro N., fueron el resultado de erogaciones millonarias, en cantidades que se encuentran pendientes de pago en algunos casos hasta el año 2037.

El presidente destacó una denuncia presentada en contra de Genaro N., hoy en juicio por presuntos delitos de narcotráfico en Estado Unidos, ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como la instrucción al Consejero Jurídico de actuar en dos vertientes: celebrar reuniones con los proveedores contratados y luego llegar a un acuerdo que se tradujera en beneficios a la hacienda pública.

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Por lo anterior, el Inai determinó revocar la respuesta de la Consejería e instruirle realizar una búsqueda adecuada de la información requerida en todas las unidades administrativas, sin omitir entregar las acciones realizadas, así como resultado de las mismas.

Cabe destacar que, en conferencia de prensa del 22 de abril, el Gobierno Federal dio a conocer que renegoció los pagos a las empresas, lo que permitiría una reducción de dos mil 390 millones de pesos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Consejería Jurídica del presidente de la República informar sobre las acciones realizadas, así como los resultados obtenidos, en torno a la negociación del Gobierno con empresas privadas que administran diversos centros penitenciarios del país.

De acuerdo con el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la resolución del Inai se da en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano que se inconformó con la respuesta de la Consejería, misma que clasificó la información bajo el argumento de que se trata de un proceso deliberativo en trámite para determinar su posible modificación o revocación.

Luego de los procedimientos legales, el Inai determinó que sin bien sí puede proceder la clasificación de ciertos apartados de la negociación, los resultados de las misma no forman parte de un proceso en trámite, por lo que es posible su publicación.

“Debe haber una relación de hechos y de acciones que se hayan llevado, como, por ejemplo, enlistar un número de reuniones con estos proveedores, señalar que hay acuerdos y que están pendientes otros, e indiscutiblemente cabe saber si las acciones civiles de denuncia o demanda fuesen pertinentes conforme a la legalidad, si han iniciado ya o si se está esperando algún tipo de trámite o de respuesta que pueda estimarse como negociación”, señaló el comisionado.

La solicitud nace luego de que el pasado 13 de enero de este año, en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, informar sobre las acciones realizadas en torno a estos contratos.

En la misma conferencia Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, dio a conocer que se realizó la revisión de ocho contratos de prestación de servicios en los centros penales, en la que se advirtió que los mismos, celebrados durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando el secretario de Seguridad era Genaro N., fueron el resultado de erogaciones millonarias, en cantidades que se encuentran pendientes de pago en algunos casos hasta el año 2037.

El presidente destacó una denuncia presentada en contra de Genaro N., hoy en juicio por presuntos delitos de narcotráfico en Estado Unidos, ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como la instrucción al Consejero Jurídico de actuar en dos vertientes: celebrar reuniones con los proveedores contratados y luego llegar a un acuerdo que se tradujera en beneficios a la hacienda pública.

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Por lo anterior, el Inai determinó revocar la respuesta de la Consejería e instruirle realizar una búsqueda adecuada de la información requerida en todas las unidades administrativas, sin omitir entregar las acciones realizadas, así como resultado de las mismas.

Cabe destacar que, en conferencia de prensa del 22 de abril, el Gobierno Federal dio a conocer que renegoció los pagos a las empresas, lo que permitiría una reducción de dos mil 390 millones de pesos.

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