/ miércoles 4 de marzo de 2020

Investigan al exdirector jurídico de Cooperativa Cruz Azul por trata

Víctor Garcés Rojo es, además, investigado por presunto enriquecimiento ilícito

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR investiga a quien fuera director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo, luego de que se presentara una denuncia. A Garcés Rojo se le acusa de los delitos de un presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y trata de personas con fines sexuales.

Además de señalar depósitos al extranjero por más de 50 millones de pesos, Según el denunciante, Garcés realizó las operaciones con sus socios José Besil Bardawill, Roberto Guízar y Jesús Rafael González Callado, a través de las empresas: Arrendadora Sport Clinic S.A, Homofortis S.A de C.V, así como Impulso Business Operanting Solutions.

A esas empresas, se suman: Inmobiliaria Azul Celeste, Impulso Inmobiliaria Mixcoac, Inmobiliaria Puerto Vallarta, Sport Clinic Lomas, Servicios Médicos Sport Clinic, MC2 División de Acabados, Ingeniería Crediticia S.A de C.V., ENR, Productos Cementos Mexicanos y Grupo Impulso.

El documento de la denuncia revela que Víctor Manuel Garcés Rojo, también ha efectuado operaciones bancarias, con recursos presuntamente de actividades ilícitas en conjunto con Fernando Luis Arista, y para simular pagos creó la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios S.A de C.V.

A decir del denunciante cuya información personal sustentada en la denuncia se reserva, Arista ha recibido diversos pagos por varios millones de dólares, a través de la empresa Servicios y Desarrollos Akropolis S.A, vinculada al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Además de lo anterior, se dice en el oficio de fecha de entrega 12 de febrero, que se tiene el testimonio de una mujer de origen extranjero, que acuso a Garcés Rojo y socios, de incurrir en explotación sexual, la testigo asegura que bajo la promesa de arreglar su situación migratoria son obligadas a realizar actividades sexuales.

De acuerdo la información de la testigo, las engañan con el ofrecimiento de trabajo y de regularizar su situación migratoria en el país, para lo cual les quitan los pasaportes, y las mantienen ocultas en diversos inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.


La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR investiga a quien fuera director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Garcés Rojo, luego de que se presentara una denuncia. A Garcés Rojo se le acusa de los delitos de un presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y trata de personas con fines sexuales.

Además de señalar depósitos al extranjero por más de 50 millones de pesos, Según el denunciante, Garcés realizó las operaciones con sus socios José Besil Bardawill, Roberto Guízar y Jesús Rafael González Callado, a través de las empresas: Arrendadora Sport Clinic S.A, Homofortis S.A de C.V, así como Impulso Business Operanting Solutions.

A esas empresas, se suman: Inmobiliaria Azul Celeste, Impulso Inmobiliaria Mixcoac, Inmobiliaria Puerto Vallarta, Sport Clinic Lomas, Servicios Médicos Sport Clinic, MC2 División de Acabados, Ingeniería Crediticia S.A de C.V., ENR, Productos Cementos Mexicanos y Grupo Impulso.

El documento de la denuncia revela que Víctor Manuel Garcés Rojo, también ha efectuado operaciones bancarias, con recursos presuntamente de actividades ilícitas en conjunto con Fernando Luis Arista, y para simular pagos creó la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios S.A de C.V.

A decir del denunciante cuya información personal sustentada en la denuncia se reserva, Arista ha recibido diversos pagos por varios millones de dólares, a través de la empresa Servicios y Desarrollos Akropolis S.A, vinculada al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Además de lo anterior, se dice en el oficio de fecha de entrega 12 de febrero, que se tiene el testimonio de una mujer de origen extranjero, que acuso a Garcés Rojo y socios, de incurrir en explotación sexual, la testigo asegura que bajo la promesa de arreglar su situación migratoria son obligadas a realizar actividades sexuales.

De acuerdo la información de la testigo, las engañan con el ofrecimiento de trabajo y de regularizar su situación migratoria en el país, para lo cual les quitan los pasaportes, y las mantienen ocultas en diversos inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.


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