El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, promovió un juicio de amparo mediante el que busca obtener el beneficio de la prisión domiciliaria para continuar con su proceso legal.
El pasado 28 de febrero, el político veracruzano interpuso la demanda de garantías señalando como actos reclamados la resolución del 31 de enero del 2020 por la que se confirmó la resolución del 4 de enero, respecto de la solicitud de sustitución de medida cautelar.
El juez Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, se declaró incompetente para conocer el asunto, por lo que pidió turnarlo a un Tribunal Unitario.
En su resolución el juez señaló: “Visto el escrito de demanda presentado, se aprecia que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de ella, remítase al Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en turno, a efecto de que, tenga a bien pronunciarse al respecto”
Esto luego que el 4 de enero el juez federal Juan Carlos Ramírez Benítez ratificó que Duarte de Ochoa debe permanecer encarcelado ya que no han variado la condiciones económicas y materiales que dieron origen a que se decretara prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que pudiera evadirse si se le concedía la modificación de las medidas cautelares.
El impartidor de justicia desechó los argumentos presentados por la defensa del exmandatario, entre ellos que no posee un sólo inmueble, no tiene cuentas bancarias y también rechazó la supuesta existencia de un pacto con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto que lo hubiera orillado a pedir licencia a su cargo y abandonar el país.
Asimismo el juez consideró que era inviable que se garantizara su estancia en prisión domiciliaria con la renta de un departamento por el que se pagaría 25 mil pesos mensuales, ya que ello significaría que cuenta con el apoyo financiero de amigos y familiares.
