El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, compareció este jueves en calidad de investigado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).
La comparecencia se dio luego de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito por un monto de 36 millones de pesos.
El equipo de comunicación del magistrado informó que está en la mejor disposición de colaborar con la autoridad para esclarecer los hechos y en posibilidades de aportar cualquier prueba que acredite el origen estrictamente lícito y legítimo de su patrimonio, antes y durante su encargo como magistrado de la Sala Superior.
Recalcó que sus declaraciones patrimoniales han sido presentadas anualmente como funcionario público, en donde es evidente la congruencia entre sus ingresos y gastos.
“Afirmó tener la certeza de que, dentro de los cauces institucionales y conforme a derecho, se demostrará que la denuncia en su contra no tiene fundamento alguno”, señaló el equipo de comunicación del magistrado a través de un comunicado.
Como se ha informado previamente, señala el comunicado, "las notas periodísticas que se han difundido confunden la evolución patrimonial durante los años en los que no era servidor público, sino abogado postulante (entre 2012 y 2016), con el periodo en el que ha ejercido como Magistrado de la Sala Superior (de noviembre de 2016 a la fecha)".
En este sentido, se añade, "el magistrado Vargas Valdez demostrará su actuar apegado a la ley en todo momento y que su patrimonio familiar es producto del esfuerzo y el mérito profesional de dos personas que han trabajado honestamente durante más de veinte años.
Entre tanto, continuará atendiendo las labores propias de la responsabilidad, de cara al proceso electoral federal en curso.
La comparecencia se dio luego de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito por un monto de 36 millones de pesos.
Las investigaciones de la UIF están enfocadas a las inconsistencias en su declaración patrimonial, pese a que el magistrado Vargas ha insistido que el origen de su patrimonio y el de su familia es completamente lícito; y acusó una campaña de desprestigio en contra de su persona.
“Mi conducción como servidor público en el TEPJF y en otras instituciones públicas siempre ha estado apegada a lo que marcan las normas; y he cumplido cabalmente con mis obligaciones”, dijo hace unos días a través de un comunicado.
Al respecto, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló en entrevista radiofónica que el magistrado Vargas debe acudir ante las autoridades correspondientes para aclarar lo sucedido. Además, dijo que si bien le daba la presunción de inocencia, la situación no se arregla con comunicados de prensa.
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