/ jueves 7 de febrero de 2019

Movilizarán a mil agentes para la pacificación del país

El cuerpo lo forman activos de la Sedena, Semar y Policía Federal; atenderán delitos del fuero común

La Estrategia de Prevención de la Violencia se fortalecerá con 10 mil 200 elementos de las Fuerzas Armadas a las 17 coordinaciones regionales de seguridad con mayor índice delictivo, informó ayer el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Alfonso Durazo.

En cada una instalarán de forma permanente a 600 policías militares, navales y federales, quienes colaborarán con los elementos municipales, para atender delitos de fuero común.

“Tenemos una agenda de 10 acciones estratégicas, que, entre otras, incluye el robo a casas habitación, el asalto a transeúntes, por supuesto, robo a transportes, a pasajeros, a transporte de pasajeros y autotransporte”, explicó durante conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Durazo Montaño aseguró que cuentan con el respaldo de los gobernadores, para que las Fuerzas Armadas comiencen a actuar sin un marco regulatorio, pues todos han coincidido “en que sería un error retirar al Ejército”.

“No hay gobernador y no hay presidente municipal que vea mal el que agreguemos estado de fuerza para darle mayor capacidad, precisamente, a los cuerpos locales permanentes de seguridad de enfrentar la criminalidad”, aseveró.

También estimó que la Guardia Nacional necesita 360 mil elementos para que pueda operar con eficacia en los más de dos millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional y proteger a los casi 130 millones de habitantes.

Fuente: SSP / Gráfico: Alejandro Oyervides

Sin embargo, México no tiene presupuesto para desplegar un cuerpo de ese tamaño y mantiene su propuesta inicial de trabajar con un personal de 50 mil efectivos.

“Es absurdo pretender garantizar seguridad a un país de dos millones y pico de kilómetros cuadrados de extensión territorial y de casi 130 millones de habitantes […] Si nos moviéramos por la proporción que tiene Colombia, requeriríamos una Policía Federal de 360 mil elementos, groso modo, nada más que cuesta muchísimo dinero y, al mismo tiempo, no tenemos presupuesto”, expresó Durazo Montaño.

Las sedes en las que desde el lunes ya comenzaron el operativo son: Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Chilpancingo, Nuevo Laredo, Reynosa, Ecatepec, Tlajomulco, Irapuato, Guadalajara, Salamanca, Culiacán, Manzanillo, Uriangato, Celaya, Monterrey y el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, mejor conocido como Cancún.

Aunque en nueve de los municipios canalizados operan los huachicoleros y el 35 por ciento de los homicidios son cometidos en esas 47 localidades, las fuerzas castrenses que más tarde serán incorporadas a la Guardia Nacional, no utilizarán armas de alto calibre y retenes.

Trabajarán en una coordinación interinstitucional con 23 dependencias federales, así como con organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, académicos y empresas privadas.

Más tarde, en la plenaria de Morena en el senado, Durazo instó a los legisladores a construir la mayoría calificada para aprobar la Guardia Nacional.

Mencionó que es necesario construir la Guardia Nacional, ya que “en este momento no tenemos absolutamente ningún instrumento público capaz de atender por sí solo el problema de la inseguridad en el país”, por lo que se requiere conformar un cuerpo de 150 mil elementos.

La Estrategia de Prevención de la Violencia se fortalecerá con 10 mil 200 elementos de las Fuerzas Armadas a las 17 coordinaciones regionales de seguridad con mayor índice delictivo, informó ayer el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Alfonso Durazo.

En cada una instalarán de forma permanente a 600 policías militares, navales y federales, quienes colaborarán con los elementos municipales, para atender delitos de fuero común.

“Tenemos una agenda de 10 acciones estratégicas, que, entre otras, incluye el robo a casas habitación, el asalto a transeúntes, por supuesto, robo a transportes, a pasajeros, a transporte de pasajeros y autotransporte”, explicó durante conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Durazo Montaño aseguró que cuentan con el respaldo de los gobernadores, para que las Fuerzas Armadas comiencen a actuar sin un marco regulatorio, pues todos han coincidido “en que sería un error retirar al Ejército”.

“No hay gobernador y no hay presidente municipal que vea mal el que agreguemos estado de fuerza para darle mayor capacidad, precisamente, a los cuerpos locales permanentes de seguridad de enfrentar la criminalidad”, aseveró.

También estimó que la Guardia Nacional necesita 360 mil elementos para que pueda operar con eficacia en los más de dos millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional y proteger a los casi 130 millones de habitantes.

Fuente: SSP / Gráfico: Alejandro Oyervides

Sin embargo, México no tiene presupuesto para desplegar un cuerpo de ese tamaño y mantiene su propuesta inicial de trabajar con un personal de 50 mil efectivos.

“Es absurdo pretender garantizar seguridad a un país de dos millones y pico de kilómetros cuadrados de extensión territorial y de casi 130 millones de habitantes […] Si nos moviéramos por la proporción que tiene Colombia, requeriríamos una Policía Federal de 360 mil elementos, groso modo, nada más que cuesta muchísimo dinero y, al mismo tiempo, no tenemos presupuesto”, expresó Durazo Montaño.

Las sedes en las que desde el lunes ya comenzaron el operativo son: Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Chilpancingo, Nuevo Laredo, Reynosa, Ecatepec, Tlajomulco, Irapuato, Guadalajara, Salamanca, Culiacán, Manzanillo, Uriangato, Celaya, Monterrey y el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, mejor conocido como Cancún.

Aunque en nueve de los municipios canalizados operan los huachicoleros y el 35 por ciento de los homicidios son cometidos en esas 47 localidades, las fuerzas castrenses que más tarde serán incorporadas a la Guardia Nacional, no utilizarán armas de alto calibre y retenes.

Trabajarán en una coordinación interinstitucional con 23 dependencias federales, así como con organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, académicos y empresas privadas.

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