/ jueves 15 de agosto de 2019

Niegan amparo a Emilio Zebadúa, ligado a Estafa Maestra

El ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con una suspensión que impide que lo detengan pongan a disposición de un juez

Un juzgado federal con sede en Quintana Roo desechó un amparo promovido por Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol durante la gestión de Rosario Robles, quien buscaba que la Fiscalía General de la República (FGR) le diera acceso a la carpeta de investigación donde se le menciona como posible autor de varios delitos que habría cometido durante su ejercicio como servidor público.

La indagatoria fue iniciada el año pasado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, ligada al caso contra Rosario Robles, por la cual el martes pasado fue vinculada a proceso por su posible responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público.

Emilio Zebadúa, quien en la audiencia de vinculación a proceso de Rosario Robles fue mencionado como la persona que autorizaba los contratos con universidad bajo la aprobación de Rosario Robles, presentó un amparo ante el juzgado quinto de distrito, con sede en Cancún, sin embargo, fue desechada con el argumento de que la investigación de la FGR aún está en proceso y, por tanto, no le ha causado ninguna afectación.

El juzgador señala que el acto reclamado, en este momento no le causa a la parte quejosa perjuicio alguno, pues este se materializa hasta que se decida la judicialización de la carpeta de investigación y se le cite para la formulación de la imputación; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público.

Por el momento, el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con una suspensión que impide que lo detengan y pongan a disposición de un juez, otorgado por un juzgado federal de Tapachula, Chiapas, donde en principio le otorgaron la suspensión provisional, no la definitiva, porque las audiencias subsecuentes fueron diferidas.

De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda intervino varias cuentas bancarias de Emilio Zebadúa y Rosario Robles con el fin de revisar sus movimientos en busca de transferencias vinculadas a los convenios fraudulentos que se habrían celebrado en Sedesol y Sedatu durante los años en que ambos trabajaron en esas dependencias.

Se conoce que al menos cuatro propiedades a nombre de Emilio Zebadúa habrían sido utilizadas para falsificar documentos con los cuales se trató de justificar el dinero destinado a los convenios denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como fraudulentos.

Un juzgado federal con sede en Quintana Roo desechó un amparo promovido por Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol durante la gestión de Rosario Robles, quien buscaba que la Fiscalía General de la República (FGR) le diera acceso a la carpeta de investigación donde se le menciona como posible autor de varios delitos que habría cometido durante su ejercicio como servidor público.

La indagatoria fue iniciada el año pasado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, ligada al caso contra Rosario Robles, por la cual el martes pasado fue vinculada a proceso por su posible responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público.

Emilio Zebadúa, quien en la audiencia de vinculación a proceso de Rosario Robles fue mencionado como la persona que autorizaba los contratos con universidad bajo la aprobación de Rosario Robles, presentó un amparo ante el juzgado quinto de distrito, con sede en Cancún, sin embargo, fue desechada con el argumento de que la investigación de la FGR aún está en proceso y, por tanto, no le ha causado ninguna afectación.

El juzgador señala que el acto reclamado, en este momento no le causa a la parte quejosa perjuicio alguno, pues este se materializa hasta que se decida la judicialización de la carpeta de investigación y se le cite para la formulación de la imputación; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público.

Por el momento, el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con una suspensión que impide que lo detengan y pongan a disposición de un juez, otorgado por un juzgado federal de Tapachula, Chiapas, donde en principio le otorgaron la suspensión provisional, no la definitiva, porque las audiencias subsecuentes fueron diferidas.

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