Una jueza federal rechazó desbloquear las cuentas bancarias de Ramón Pequeño García, exfuncionario de la Policía Federal (PF) entre 2008 y 2015, y acusado por Estados Unidos, junto con Genaro García Luna, por supuestamente brindar protección al narcotráfico.
La titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Laura Gutiérrez admitió una demanda de amparo promovida por Pequeño García en contra de la inclusión de su nombre en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Se admite a trámite la demanda. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada por Ramón Eduardo Pequeño García, en relación con los efectos solicitados”, señala el acuerdo.
En julio pasado este diario informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) avanzan en las investigaciones, por vínculos con la delincuencia organizada y desvío de recursos por más de 2 mil 600 millones de pesos, sobre Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, responsables del combate a la delincuencia durante el gobierno de Felipe Calderón.
En diciembre de 2019 la UIF presentó una denuncia en contra de García Luna por dicho desvío desde la Secretaría de Gobernación a la empresa Nunvav Inc, empresa creada en Panamá y que supuestamente servía para el pago de su ritmo de vida en Miami.
En abril de 2020 la UIF presentó una denuncia contra Luis Cárdenas Palomino e hizo el congelamiento de cuentas porque encontró una red de empresas fachada operando para mandarle recursos. En tanto, el pasado miércoles, se congelaron las cuentas a Ramón Pequeño García, por su presunta participación en estos ilícitos.
A la par, en Estados Unidos Genaro García Luna, sumó una nueva acusación, por el delito de "empresa criminal continua", ilícito que en México equivale a delincuencia organizada, por colaborar con el Cártel de Sinaloa junto con Luis Cárdenas y Ramón Pequeño.
Según información del Departamento de Justicia de la Unión Americana, los acusados permitieron que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México, afectando también los interés de Estados Unidos a cambio de sobornos multimillonarios.
