Un juez federal absolvió al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca por el secuestro y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Pese al fallo, Abarca seguirá preso porque tiene tres procesos más en su contra y la FGR puede apelar la decisión del juez.
Fuentes judiciales confirmaron a El Sol de México que el juez del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó que no existen evidencias de su plena responsabilidad en el crimen.
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Ello pese a que apenas hace un mes la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa apuntó a que Abarca habría dado la orden para que los jóvenes fueran asesinados.
Preso desde 2014 en el penal del Altiplano, en el Estado de México, el exalcalde perredista no podrá salir en libertad, ya que aún le queda enfrentar al menos dos procesos más en su contra: uno por su presunta relación con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, y otro por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
La absolución de Abarca se da a un mes de que el gobierno federal presentó su último informe de labores respecto al caso Ayotzinapa.
En él, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló directamente que el exedil, identificado con la clave “A1” durante los sucesos que derivaron en la desaparición de los jóvenes, habría sido quien dio la orden de darles una “chinga” y después de desaparecerlos.
"Estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación", dijo Encinas el 26 de agosto en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho informe, acusó que la llamada “verdad histórica” que apunta que los jóvenes fueron atacados por un grupo criminal y posteriormente incinerados en el basurero de Cocula es falsa; en cambio, aseguró, fue un crimen de Estado, pues autoridades de los tres niveles de gobierno estaban al tanto de lo acontecido.
“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado (...) En resumen, se trató de un crimen de Estado”, subrayó.
