/ miércoles 3 de marzo de 2021

ONU pide respuestas en supuesta ejecución extrajudicial por parte de militares en Nuevo Laredo

Hasta ahora no hay ningún militar detenido, dijo a Reuters el abogado de familiares de tres de las víctimas

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el miércoles al gobierno mexicano agilizar una investigación que vincula a militares en una supuesta ejecución extrajudicial cometida en 2020.

El organismo de la ONU solicitó a la fiscalía mexicana avanzar en las pesquisas en contra de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que abatieron a 12 personas tras un enfrentamiento con supuestos miembros del crimen organizado en julio del año pasado en la ciudad fronteriza Nuevo Laredo.

Según un video difundido por El Universal, los supuestos delincuentes, que iban disfrazados de uniformados, tenían a tres jóvenes en la parte trasera del vehículo, atados de pies y manos. Dos de ellos fallecieron por disparos en el tórax y uno de un tiro en la cabeza a corta distancia.

Juanito Pistola, el niño sicario al que le estallaron la cabeza en Tamaulipas

"El presente caso es una importante prueba para que el Estado mexicano ratifique su voluntad para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares", dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de ONU-DH México, citado por la institución en un comunicado.

En el video, que se hizo viral, se observa cómo después de una persecución, un nutrido grupo de militares dispara contra una camioneta sin ofrecer resistencia. Al acercarse para verificar el vehículo y percatarse de que una persona aún se encuentra con vida, uno de los efectivos grita: "mátalo".

En su momento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó al Ejército a investigar el caso. No obstante, hasta ahora no hay ningún militar detenido, dijo a Reuters el abogado de familiares de tres de las víctimas, Raymundo Ramos.

Abaten a ocho sicarios de "La Tropa del Infierno" en Nuevo Laredo

"Las investigaciones van muy lentas a pesar de ya tienen en su poder evidencia efectiva y contundente al respecto", lamentó Héctor Garza, padre de uno de los jóvenes secuestrados.

Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas han acusado a la fiscalía de demorar las investigaciones cuando entre los señalados hay militares, como en el emblemático caso de la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

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La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el miércoles al gobierno mexicano agilizar una investigación que vincula a militares en una supuesta ejecución extrajudicial cometida en 2020.

El organismo de la ONU solicitó a la fiscalía mexicana avanzar en las pesquisas en contra de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que abatieron a 12 personas tras un enfrentamiento con supuestos miembros del crimen organizado en julio del año pasado en la ciudad fronteriza Nuevo Laredo.

Según un video difundido por El Universal, los supuestos delincuentes, que iban disfrazados de uniformados, tenían a tres jóvenes en la parte trasera del vehículo, atados de pies y manos. Dos de ellos fallecieron por disparos en el tórax y uno de un tiro en la cabeza a corta distancia.

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"El presente caso es una importante prueba para que el Estado mexicano ratifique su voluntad para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares", dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de ONU-DH México, citado por la institución en un comunicado.

En el video, que se hizo viral, se observa cómo después de una persecución, un nutrido grupo de militares dispara contra una camioneta sin ofrecer resistencia. Al acercarse para verificar el vehículo y percatarse de que una persona aún se encuentra con vida, uno de los efectivos grita: "mátalo".

En su momento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó al Ejército a investigar el caso. No obstante, hasta ahora no hay ningún militar detenido, dijo a Reuters el abogado de familiares de tres de las víctimas, Raymundo Ramos.

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"Las investigaciones van muy lentas a pesar de ya tienen en su poder evidencia efectiva y contundente al respecto", lamentó Héctor Garza, padre de uno de los jóvenes secuestrados.

Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas han acusado a la fiscalía de demorar las investigaciones cuando entre los señalados hay militares, como en el emblemático caso de la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

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