La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), debe entregar los documentos que den cuenta del pago efectuado por los terrenos aledaños a la Base Aérea de Santa Lucía, como instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Asimismo, debe entregar pruebas que sustenten las consultas realizadas a pueblos indígenas para ampliar y habilitar la base como aeropuerto internacional.
Con la instrucción del pleno del INAI, la Sedatu habrá de especificar el nombre de beneficiario al que se le compró el terreno, fecha de la compra, monto, precio pactado y número de hectáreas.
Para respaldar las consultas realizadas a la población aledaña dará a conocer las fechas del ejercicio, los participantes, la información que se le dio a las personas sobre el proyecto y los registros de la votación.
“La entrega y difusión de la información solicitada es la puerta para que el gobierno federal rinda cuentas sobre las acciones implementadas en proyectos de tal envergadura, máxime si tomamos en consideración que, de acuerdo con el antepresupuesto llamado Plan Maestro, Edificio Terminal, la construcción de la Base Aérea de Santa Lucía tendría un costo estimado de 70 mil 342 millones de pesos”, señaló la comisionada Josefina Román Vergara, al exponer su proyecto ante el pleno del Inai.
Ante la solicitud de un particular, la Sedatu rechazó que hizo pago alguno por terrenos alrededor de la de la base aérea y argumentó que dichos terrenos fueron adquiridos por la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que lo orientó a presentar su solicitud ante dicha instancia.
