La Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitó a la Interpol girar fichas rojas de captura en contra de la esposa y hermanos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos en el manejo de penales federales del país.
Fuentes de la FGR confirmaron a El Sol de México que los delitos imputados en contra de Linda Cristina Pereyra y los hermanos del exsecretario federal son peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
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La información se da a conocer luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que solicitaría conocer los avances de la investigación en contra de García Luna.
“Sé que hay denuncias en la fiscalía. Le vamos a pedir respetuosamente a la Fiscalía, porque es una institución autónoma, que nos informe cuál es el estado que guardan estas investigaciones; también con cuidado a lo que llaman el debido proceso, a veces es debido pretexto, pero a ver cómo va la investigación”, dijo el presidente en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Al respecto, la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero detalló que existen tres órdenes de captura en contra del exfuncionario por acusaciones ajenas al juicio que se llevó en su contra en Estados Unidos y del que resultó culpable por delitos relacionados con delincuencia organizada.
Explicó que la carpeta de investigación por la que se giraron las fichas rojas en contra de su círculo cercano se desprende de la operación de cárceles federales. La FGR acusa a García Luna y otras 60 personas de triangular más de cinco mil millones de pesos a través de 10 contratos “ilegales y abusivos de equipamiento”.
Sobre la acusación, la Fiscalía aseguró que ya hay “varias” personas vinculadas a proceso, que se han asegurado bienes inmuebles, bloqueando cuentas bancarias y se libraron fichas rojas por la Interpol.
La segunda de las tres órdenes en contra de García Luna es respecto a un presunto daño al erario causado en la construcción y operación de diversos penales federales y el cual habría ascendido a más de 64 mil millones de pesos.
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Mientras que la tercera es por su presunta participación en el caso conocido como “Rápido y Furioso”, en el que se introdujeron a México armas de alto calibre procedentes de Estados Unidos para intentar rastrearlas y dar con los criminales, pero que finalmente se perdieron.
