/ miércoles 24 de noviembre de 2021

Permanencia del Ejército en las calles se discutirá hasta el 2022

La Primera Sala de la Suprema Corte retiró la controversia interpuesta y el asunto será discutido por el Pleno de la Corte hasta el 2022

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró la controversia constitucional interpuesta en contra del acuerdo por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta el 2024, por lo que este asunto será discutido por el Pleno de la Corte hasta el 2022.

Se trata de una controversia 90/2020 promovida por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la exdiputada Laura Rojas, que consideró que es el Congreso de la Unión y no el Ejecutivo quien debe decidir cómo y bajo qué criterios el Ejército pueden participar en este tipo de tareas.

El 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo por el que ordenó a la Fuerza Armada participar de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional” en tareas de seguridad pública, poniendo como fecha límite para su retiro de las calles hasta el 26 de marzo de 2024.

El colectivo Seguridad Sin Guerra emitió un comunicado en el calificó a este documento como un “Acuerdo Militarista” debido a que evidencia el “uso desmedido, opaco y sin control que este gobierno ha hecho de las fuerzas armadas, particularmente, en funciones relacionadas con la seguridad pública”, por lo que insistió en que fuera el Pleno y no la Sala quien discutiera el asunto en un parlamento abierto.

En entrevista con El Sol de México, Cristina Reyes, abogada de la organización México Unido Contra la Delincuencia, que forma parte del colectivo, explica que “de aprobarse (el proyecto) crearía un precedente peligroso”, pues el sentido de la votación podría tener un impacto en las decisiones futuras de la Corte y otras autoridades.

“Más allá de su contenido, la discusión es si el Ejecutivo tiene esa facultad de decidir cómo y bajo qué condiciones las Fuerzas Armadas pueden participar en este tipo de tareas”, dijo.

Por su parte, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, considera que un eventual fallo a favor del presidente podría ir en contra de criterios que ya ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que usar al ejército en tareas de seguridad pública debe ser una excepción y no una regla.

"Yo esperaría que realmente la Corte pudiera estar anteponiendo el interés nacional, pero sobre todo salvaguardando la integridad de la Constitución, porque la Corte... ya lo había dicho la semana pasada la ministra Piña cuando conoció el tema de la extensión de mandato… dijo que no estaban para complacer a los poderes, y pues entonces que siga en ese sentido. Que no haya complacencia de la Corte con este propósito".



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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró la controversia constitucional interpuesta en contra del acuerdo por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta el 2024, por lo que este asunto será discutido por el Pleno de la Corte hasta el 2022.

Se trata de una controversia 90/2020 promovida por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la exdiputada Laura Rojas, que consideró que es el Congreso de la Unión y no el Ejecutivo quien debe decidir cómo y bajo qué criterios el Ejército pueden participar en este tipo de tareas.

El 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo por el que ordenó a la Fuerza Armada participar de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional” en tareas de seguridad pública, poniendo como fecha límite para su retiro de las calles hasta el 26 de marzo de 2024.

El colectivo Seguridad Sin Guerra emitió un comunicado en el calificó a este documento como un “Acuerdo Militarista” debido a que evidencia el “uso desmedido, opaco y sin control que este gobierno ha hecho de las fuerzas armadas, particularmente, en funciones relacionadas con la seguridad pública”, por lo que insistió en que fuera el Pleno y no la Sala quien discutiera el asunto en un parlamento abierto.

En entrevista con El Sol de México, Cristina Reyes, abogada de la organización México Unido Contra la Delincuencia, que forma parte del colectivo, explica que “de aprobarse (el proyecto) crearía un precedente peligroso”, pues el sentido de la votación podría tener un impacto en las decisiones futuras de la Corte y otras autoridades.

“Más allá de su contenido, la discusión es si el Ejecutivo tiene esa facultad de decidir cómo y bajo qué condiciones las Fuerzas Armadas pueden participar en este tipo de tareas”, dijo.

Por su parte, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, considera que un eventual fallo a favor del presidente podría ir en contra de criterios que ya ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que usar al ejército en tareas de seguridad pública debe ser una excepción y no una regla.

"Yo esperaría que realmente la Corte pudiera estar anteponiendo el interés nacional, pero sobre todo salvaguardando la integridad de la Constitución, porque la Corte... ya lo había dicho la semana pasada la ministra Piña cuando conoció el tema de la extensión de mandato… dijo que no estaban para complacer a los poderes, y pues entonces que siga en ese sentido. Que no haya complacencia de la Corte con este propósito".



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