A unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapan, Guerrrero, un juzgado federal con sede en Tamaulipas, ordenó la liberación de Gildardo López Astudillo, alias 'El Gil', y otros tres presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos, presuntos autores de la desaparición de los normalista .
Fue el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tamaulipas, quien el sábado pasado ordeno la liberación de los presuntos delincuentes en cumplimiento de un amparo, el cual fue otorgado debido a que los imputados alegaron que sufrieron tortura para obligarlos a declararse culpables.
El juzgador considero que 81 de las pruebas que había presentado la fiscalía General de la República, se recabaron de forma ilegal, ya que algunas de las pruebas, testimonios de otros detenidos, habrían sido obtenidas mediante tortura, otras por detención arbitraria.
Por ello, el juez considero que no había elementos para condenar al acusado, por lo que ordenó su liberación y abandono el penal del Altiplano, en el Estado de México
López Astudillo, es identificado como un mando medio de bajo perfil en la estructura del grupo delictivo Guerreros Unidos; pero se le señala como responsable de haber señalado que los normalistas eran del grupo antagónico de Los Rojos, y de haber ordenado que todos fueran “desaparecidos”.
“Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, escribió el Gil en un mensaje de texto que mandó por teléfono a su jefe Sidronio Casarrubias Salgado, líder regional de Guerreros Unidos, la madrugada del 27 de septiembre cuando se reguistró la desaparición de los normalistas.
El Cabo Gil fue detenido el 16 de septiembre en Taxco, Guerrero, a menos de 55 kilómetros de Cocula, donde desaparecieron los normalistas y de acuerdo a autoridades federales intentó ocultarse en tres domicilios distintos.
"El Gil" se suma a los 43 acusados que han sido liberados. La liberación masiva de acusados apunta directamente a la fiscalía del Gobierno de Enrique Peña Nieto, encargada de las pesquisas casi desde el principio, señalada de usar la tortura como método en los interrogatorios.
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