El pasado domingo la Fiscalía General de la República (FGR) libró órdenes de aprehensión en contra de siete personas por su presunta participación en el ingreso de armas de fuego al territorio mexicano, desde Estados Unidos, ello dentro del periodo de 2009 a 2011.
De acuerdo con la Fiscalía, lo anterior tiene relación con el fallido operativo ‘Rápido y Furioso’ originado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), organismo que permitió que más de 2 mil armas de fuego fueran compradas y transportadas ilegalmente a México para ser vendidas, supuestamente, por el crímen organizado.
Dentro del listado de personas que dio a conocer la Fiscalía, se encuentran Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón; Luis Cárdenas Palomino, colaborador cercano de Luna; y Joaquín El Chapo Guzmán, cabeza del Cártel de Sinaloa.
Los tres involucrados, mencionados anteriormente, actualmente cumplen una sentencia correspondiente; Guzmán Loera se encuentra preso en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos; Genero García Luna está preso en Estados Unidos; mientras que a Luis Cárdenas Plomino está en formal prisión en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
El seguimiento de este caso, denominado ‘Ràpido y Furioso’, data desde 2006 cuando el Gobierno Estadounidense intentó mitigar el tráfico de armas de fuego en México a través de su operativo del mismo nombre.
¿Cómo ocurre el caso Rápido y Furioso y en qué va?
Para el año 2009 la AFT, en su intento por reducir el tráfico ilegal de armas, implementó el operativo Rápido y Furioso, lo que le permitió introducir al país más de 2 mil 500 armas de fuego con un chip instalado que tenía la intención de rastrear a los grupos criminales, pues tales armas serían puestas a su disposición.
Tales armas cayeron en manos del crímen organizado en México, lo que provocó que se expusiera la vulnerabilidad del país en cuanto a la distribución de armamento y sus consecuencias.
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De este punto en 2006, al mes de diciembre de 2010 fue cuando la controversia del operativo estalló, pues dos rifles de asalto que formaban parte del paquete de armas autorizado por la AFT, fueron utilizados para asesinar al agente fronterizo Brian Terry.
Posteriormente, el 15 de febrero de 2011, en la carretera de San Luis Potosí en dirección a la ciudad de Monterrey, fue hallado el cuerpo del agente stadounidense Jaime Zapata de la Oficina de Inmigración y Aduanas.
La investigación en torno al asesinato de Zapata arrojó información requerida para comprobar que había muerto por un arma que formaba parte del opertativo ‘Rápido y Fuerioso’.
Ante tal acontecimiento, el exfuncionario del Departamento de Justicia de EU, informó a investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México de armas que se adquirieron ilícitamente en el operativo; tal señalamiento formaba parte de una polémica táctica llamada “dejar que caminen las armas”.
Al respecto, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México, Alejandro Poiré confirmó que el operativo ‘Rápido y Furioso’, tenía la finalidad de combatir al narcotráfico, por lo que descalificó los asesinatos mencionados y aseguró su investigación
Para octubre de 2011, el Comité de Supervisión emitió un citatorio al procurador estadounidense, Eric Holder con la intención de que recibiera documentos relacionados con la controvertida operación.
En noviembre de ese mismo año, Holder aseguró que al entregarse los documentos se tendría que revelar una serie de informes relacionados con el operativo, los cuales supuestamente afectarían a la seguridad de Estados Unidos.
Posteriormente Eic Holder reconoció que el operativo resultó defectuoso en su concepción y ejecución.
Por su parte, la entonces procuradora General de la República en México, Marisela Morales Ibáñez, afirmó que el operativo Rápido y Furioso, se investigará hasta las últimas consecuencias y, en caso de existir responsables, se aplicaría todo el peso de la ley.
2012
Para el 30 de enero del año 2012, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, reconoció que se cometieron graves errores en la ejecución del operativo, por lo que comprendió evitar su operación.
Posteriormente Eric Holder compareció ante el Comité Judicial del Senado, donde ofreció reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner y el titular del Comité de Supervisión, Darrel Issa, en busca de un arreglo que evitara el proceso de desacato que se tenía previsto.
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Al realizar su comparecencia, Darrel Issa inició el procedimiento de desacato en contra de Eric Holder por el supuesto rechazo a cooperar en la investigación del operativo. Ante ello, Holder debía entregar toda la información relacionada con el operativo ‘Rápido y Furioso’.
No obstante, tal acción del fiscal Holder no pudo realizarse.
Para junio de 2012 el expresidente Barack Obama utilizó por primera vez en su mandato el llamado “privilegio ejecutivo”, con el que impidió que Holder entregara la serie de documentos correspondientes a Rápido y Furioso ante la Cámara de Representantes, controlada en ese año por los republicanos.
2016
Cuatro años pasaron para que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia calificara al operativo como irresponsable al señalar que “los fiscales federales fracasaron en no considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de ambas naciones”.
Además señaló que continuaban apareciendo armas vinculadas con el operativo Rápido Furioso en decomisos que realizó el Gobierno de México en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí .
Años después del señalamiento del Inspector General, el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno de transformación plantea que Estados Unidos tenga el control total de la salida de armas.
Mientras que la Fiscalía General de la República libró órdenes de aprehensión en contra de García Luna, Cárdenas Palomino y “El Chapo”, debido a su supuesta relación con el operativo.
Rápido y Furioso, primer detenido
Durante las últimas semanas el operativo Rápido y Furioso se ha vuelto a popularizar debido a que autoridades mexicanas han emprendido una serie de acciones para procesar y enjuiciar a diversos exservidores públicos, quienes presuntamente están involucrados en este caso de tráfico ilegal de armas, mismo que inició durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
El primer personaje detenido por este caso fue Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, que supuestamente incurrió en el delito de homicidio culposo al ser uno de los que permitió la entrada de dos mil armas de fuego de Estados Unidos (EU) a México con el fin de rastrear a sus usuarios, pero que terminaron cobrando la vida de cientos de mexicanos.
Años antes del Operativo Rápido y Furioso
Aunque no es muy conocido, desde el año 2004, durante las administraciones de los expresidentes de México y EU, Vicente Fox y George W. Bush, inició un operativo de nombre “Gunrunner”, de acuerdo con un informe interno del Departamento de Justicia de los EU.
2009
El 31 de octubre de 2009, las administraciones de Calderón y Obama firmaron el inicio del ahora famoso operativo Rápido y Furioso”, que como es sabido tenía como intención introducir miles de armas al país con el fin de rastrearlas a su ingreso en territorio nacional.
2010
Exactamente tres meses después, el 31 de enero de 2010, ocurrió un terrible asesinato conocido como la Masacre de Salvácar en Ciudad Juárez, que cobró la vida de 16 jóvenes. Al saber del caso Calderón Hinojosa rápidamente señaló a las víctimas de este hecho como “presuntos delincuentes”, sin saber que meses después investigaciones periodísticas relacionarían las armas utilizadas en este asesinato con el operativo Rápido y Furioso.
Días después, durante una visita del presidente a Ciudad Juárez, Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis, dos de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, reprochó sus declaraciones al mandatario y le exigió justicia: “Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. Quiero que usted se retracte de lo que usted dijo que eran pandilleros, mentira, ninguno de mis hijos, no, no, es que no puede ser”, le dijo.
Sin embargo, no fue sino hasta el 14 de diciembre de 2010 con la muerte de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense asesinado durante un tiroteo en Arizona, que el caso se empezó a mencionar en medios de comunicación de EU.
Lo anterior debido se informó que gran parte de los traficantes de armas que vigilaba la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) como parte de Rápido y Furioso fueron los que provocaron la muerte del agente de seguridad.
2011
Meses después, el 15 de febrero de 2011 murió asesinado el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EU, Jaime Zapata, en una carretera de San Luis Potosí. Esta muerte arrojó más datos de la operación al comprobarse que había sido muerto por un arma proveniente de Rápido y Furioso. Para ese entonces se estimaba que en México había unas mil 961 armas vigiladas, pero sólo 710 recuperadas.
Ese mismo día Lanny Breuer, funcionario del Departamento de Justicia de EU informó a investigadores legislativos sobre la táctica “Dejemos que las armas caminen”. La información se encontró entre las 486 páginas que Breuer le entregó a la Comisión Legislativa presidida por Darrell Issa, representante republicano.
Inician las investigaciones por Rápido y Furioso
El agente John Dodson, de la ATF, fue el primero en declarar públicamente que dicha agencia había dejado “caminar” las armas, intencionalmente, en México. Más tarde, el 27 de julio de 2011 Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México, aseguró que EU había presentado al operativo como una tarea de combate al narcotráfico.
Este hecho es por el cual Poiré podría ser uno de los tantos funcionarios señalados por tener alguna presunta responsabilidad en el caso, aunque ninguna autoridad ha informado nada al respecto.
La primera acción de EU por este caso ocurrió en octubre de 2011, cuando el Comité de Supervisión de aquel país emitió un citatorio a Eric Holder, procurador estadounidense, para la entrega de documentos relacionados con la controvertida operación.
|| Con información de Alfredo Maza ||
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