La ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga se dijo tranquila a su llegada al Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, indicando que tiene plena confianza en el Poder Judicial de la Federación.
"Estoy aquí como se lo prometí al juez, antes de la seis de la tarde para demostrar mi inocencia, confío en la autonomía del Poder Judicial, aquí estoy como siempre lo he hecho con las faldas bien puestas y tomando el toro por los cuernos" dijo la funcionaria a su arribo al Reclusorio.
Acompañada de su equipo de abogados encabezados por Julio Hernández, la exfuncionaria descendió de un auto BMW azul y se dirigió a los medios de comunicación para dar su breve mensaje.
Previo a su llegada, sus abogados bajaron de una camioneta varias cajas conteniendo las pruebas de descargo que presentarán ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien iniciará la audiencia en punto de las 18:00 horas.
La Fiscalía General de la República intenta imputarle el delito de ejercicio indebido del servicio público por afectación a la hacienda pública, delito que no es grave por lo que puede enfrentar el proceso en libertad.
Los fiscales aseguran que Robles Berlanga, en su calidad de secretaria de Sedesol y Sedatu, desvió 5 mil 73 millones de pesos a través de convenios con universidades y radiodifusoras de varios Estados.
No obstante, la defensa de Robles señala que como prueba de descargo presentarán oficios que demuestran que Rosario sí firmó al órgano de control interno de la Sedesol sobre las presuntas irregularidades.
La defensa de Robles Berlanga pidió el pasado jueves al Juez la duplicidad del término constitucional para presentar nuevas evidencias sobre la inocencia de la ex secretaria de Desarrollo Social, a quien se le imputa liderear un grupo de servidores públicos que suplantaban a funcionarios, firmas, sabían del destino de los recursos, pagos y recuperarán una parte del dinero destinados a Sedesol, denominada La Estafa Maestra.
La Fiscalía General y la Auditoría Superior de la Federación la acusan del desvío de 5 mil 73 millones de pesos, y presentó los testimonios de José Antonino, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante Ibarra quienes trabajaron en la Sedatu y la Sedesol, y entre 2014 y 2018 le alertaron a Rosario Robles sobre la inconsistencia en contratos con diversas universidades, así como la falsificación de firmas, usurpación de funcionarios y de contratos a lo que Robles sólo se limitó a decirles que lo vieran con Emilio Zebadúa, el oficial mayor.
En la relatoría de cargos, los fiscales indicaron que Zebadúa los citaba en un domicilio de Polanco para decirles que todo estaba bien y que Robles estaba entrada de todos los movimientos.
Con estas pruebas de cargo, la Fiscalía pidió la vinculación a proceso, por lo que la defensa de Rosario Robles pidió al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la duplicidad del término para incorporar nuevos datos que demuestren la inocencia de la ex funcionaria.
Al formular la imputación a Rosario Robles, los fiscales señalaron que servidores públicos bajo su cargo, celebraron 27 convenios con universidades del país y radiodifusoras y ella supo de estos contratos, solicitudes de pago y autorizaciones, sabiendo que esto afectaría la hacienda pública.
En el expediente de casi mil hojas, la FGR señala que Rosario Robles, fue informada por el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez en junio y septiembre de 2014 y el 11 de septiembre de 2015 de las diversas irregularidades detectadas.
“Estos actos irregulares, afectaron gravemente la hacienda pública federal, y usted no informo al presiente de la República Enrique Peña Nieto de esto, cuando su función como secretaria era combatir la pobreza y el desarrollo urbano territorial”, señalaron los fiscales.
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