La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, impugnó la resolución del juez Jonathan Bass Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, quien desechó el amparo que interpuso contra el juicio político que inició la Cámara de Diputados.
El recurso de queja tramitado por la defensa de Robles Berlanga, fue admitido a trámite el pasado 13 de enero por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa.
Hace una semana el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa con sede en la Ciudad de México desechó la demanda de garantías de la ex funcionaria, que se encuentra recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla.
Ello, luego que los legisladores iniciaron el proceso por el presunto desvíos de recursos de más de 5 mil millones de pesos cuando Robles Berlanga encabezó la Secretaría de Desarrollo Social y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.
A través de un acuerdo publicado en la lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, se dio cuenta del recurso de queja 13/2020 el cual fue admitido a trámite el pasado 13 de enero por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa.
En dicho acuerdo, el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, le concedió la suspensión provisional a Robles Berlanga a efecto de que quede a disposición de dicho órgano jurisdiccional por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez que lleve la causa penal para la continuación del procedimiento, en tanto se informe a las autoridades responsables la determinación que se dicte en el juicio de amparo que promovió contra la prisión preventiva justificada.
La ex jefa de gobierno permanece en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla donde lleva cinco meses recluida, hasta que se resuelva el expediente principal, en el entendido de que el procedimiento penal deberá continuar su trámite.
El impartidor de justicia fijó el 10 de febrero a las 12 horas como plazo para que se realice la audiencia constitucional.
