La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, sufrió un nuevo revés en su intento por obtener un amparo contra el juicio político que se inició en su contra en la Cámara de Diputados.
Fue el pasado 20 de febrero cuando el Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa aprobó, por unanimidad, el proyecto de la magistrada Adriana Escorza Carranza, quien propuso declarar infundada la queja que interpuso la ex jefa de Gobierno.
A través de su abogado, Epigmenio Mendieta, Robles Berlanga buscaba que el juez Jonathan Bass Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, admitiera a trámite su demanda de garantías con la que buscaba frenar el juicio político, la cual fue desechada en el mes diciembre del 2019.
No obstante hasta este miércoles, ni el Colegiado, ni el juez de Distrito han hecho pública las resoluciones de sus respectivas sentencias.
El pasado 20 de diciembre de 2019, la defensa de Robles Berlanga interpuso la demanda de amparo y señaló como acto reclamado la discusión, aprobación y trámite legislativo de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982.
Previamente, el 10 de diciembre Rosario Robles solicitó el sobreseimiento del procedimiento, el cual, dijo, está plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales.
El equipo jurídico de la ex jefa de Gobierno expresó su "más enérgico rechazo al escarnio y a la sistemática violación de derechos humanos de la cual está siendo víctima" su cliente.
El bufete de abogados expresó que con el juicio político se está violando el derecho a la presunción de inocencia de Robles Berlanga y advirtieron que en caso de que los diputados insistan en continuar con el juicio político, aún a sabiendas de que lesionan de manera irreparable los derechos humanos de la exfuncionaria, "también incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política, la cual se hará valer en el momento procesal oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales competentes".
Esto, además de la responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir el estado mexicano.
