La desaparición forzada en México y en Chihuahua en particular representa una crisis humanitaria que requiere atención urgente y acciones contundentes por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que un integrante del Comité de la ONU contra la Desapariciones Forzadas (CED) se reunió con colectivo de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres fue la sede para este importante encuentro en el que expusieron la situación por la que atraviesa Chihuahua, donde son más de 3 mil personas desaparecidas y existen mil 700 restos sin identificar, por lo que ha sido difícil acceder a la justicia.
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De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente en el estado de Chihuahua 3 mil 461 personas se encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas, aunque se estima que podrían ser muchas más por la cantidad de casos que por temor no se denuncian.
Los Colectivos y organizaciones esperan que de esta visita se desprendan recomendaciones que sean llevadas a la practica. Ante ello exigieron que se realicen acciones de búsqueda efectivas, a tiempo, articuladas entre los diferentes niveles de gobierno, con sentido de urgencia y centradas en la presentación con vida.
Que el seguimiento a las investigaciones de los expedientes que se encuentran en el centro del país cuenten con un sistema que permita a las familias atender sus asuntos sin que el traslado implique una merma en su economía y sus compromisos personales.
Que se brinde atención a los casos de desaparición de larga data, para que se evite la acumulación de carpetas al darse nuevos casos, ya que los primeros son abandonados paulatinamente conforme se van presentando los segundos.
Que las autoridades sean sensibilizadas en el tema, para evitar la criminalización en contra de las víctimas y la revictimización hacia sus seres queridos que les buscan. Además es necesario establecer criterios de reclutamiento más estrictos para las personas aspirantes a formar parte del sistema de impartición de justicia.
Se tomen las medidas necesarias para el involucramiento seguro de las familias en las acciones de búsqueda; que los protocolos y las acciones se definan en conjunto con ellas. Además, se debe descentralizar la conversación sobre la creación de políticas públicas en la materia.
Asignación de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes en las instancias de gobierno encargadas de dar atención a la problemática de las desapariciones. Es necesaria la asignación de un presupuesto adecuado a Fiscalías y Comisiones de Búsqueda.
Que se garantice la seguridad de las familias y de quienes han atestiguado un hecho de desaparición; ya que la desconfianza actual en las autoridades no solo interfiere con las investigaciones y judicialización de los casos, sino que además, detiene a las personas de realizar las denuncias pertinentes.
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Que la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajen de forma independiente. La implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para que las bases de datos se puedan compartir y comparar realmente en todo el país.
La declaración de ausencia no es suficiente para salvaguardar el bienestar de quienes quedan a su suerte tras la desaparición de una persona; este trámite y sus efectos legales deben ser revisados y modificados de acuerdo con las necesidades de las familias que buscan.
La creación de una ley de búsqueda estatal, con protocolos que posean carácter de obligatoriedad y de acción inmediata, ya que los actualmente existentes no se encuentran adecuados al contexto y muchas veces son ignorados. Que se dé cumplimiento a las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales con los que México ya cuenta en el tema.
El acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil a familiares de personas desaparecidas no debe implicar un trato diferenciado en cuestión de atención a los casos. Demandaron además un trato equitativo para las víctimas, ya sea que cuenten con acompañamiento de una organización o no.
Que el estado cumpla con su obligación de implementar campañas de promoción y difusión para que las familias conozcan sus derechos y puedan acceder a la aplicación de estos en la atención de sus casos. Que se revise la metodología del Servicio Médico Forense del Estado de Chihuahua (SEMEFO) para la identificación y resguardo de restos, así como para la realización de notificaciones a las familias.
La revisión de los perfiles genéticos de los más de mil 700 restos que se encuentran sin identificar en Chihuahua, así como la recolección de las muestras de ADN necesarias para el cotejo de dichas muestras. De ser tomadas en cuenta por el Estado mexicano, las recomendaciones que pudiesen surgir de esta reunión podrían y deberían convertirse en un parteaguas para la atención de la problemática de las desapariciones en México.
Señalaron que quedarán expectantes a las recomendaciones y los compromisos que adopte el Estado. En la reunión estuvieron el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C., Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer AC (CEDIMAC) y Justicia Para Nuestras Hijas A.C.
