Secuestros en el país aumentaron 7.5% en enero: Alto al Secuestro

La asociación civil Alto al Secuestro informó que en enero hubo un incremento de 7.5 por ciento en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro. En enero 2021 hubo 85 carpetas, en comparación con las 79 del pasado mes de diciembre 2020.

Al dar a conocer sus cifras de secuestros, Isabel Miranda de Wallace afirmó que hay un incremento de 32.2 por ciento en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante enero 2021 hubo 123 víctimas mientras que en diciembre 2020 fueron 93.

En conferencia de prensa vía Zoom, la activista social enfatizó que hay una disminución del 1 por ciento en detenidos relacionados con secuestro, ya que en enero 2021 fueron detenidas 98 personas por este delito mientras que en diciembre 2020 solo 99 presuntos responsables fueron asegurados.

Miranda de Wallace denunció que no hay certeza de cuantas víctimas de secuestro hay en México, al detectar que más de la mitad de las víctimas que sufrieron un secuestro en enero 2021 no están siendo contabilizadas en las cifras oficiales.

“No contamos con información oficial precisa y confiable respecto al delito de secuestro. En el mes de enero, de forma histórica contamos con un mayor número de víctimas en secuestros localizados en medios de comunicación que no han sido reportados por las Fiscalías o Procuradurías de los Estados, 57.7 por ciento de las víctimas no serán consideradas para las autoridades como víctimas de secuestro”, dijo.

Hizo hincapié en la importancia de las Unidades Antisecuestro que han sido clave para combatir este delito, y el acabar con ella, asignando la investigación de otros delitos como extorsión, homicidios e incluso narcomenudeo, podría mermar la actividad para la que fueron creadas.

Por ello, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar el proyecto de decreto que convierte a la Comisión Nacional de Secuestros (CONASE) en una Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, para asignarle la investigación de delitos de extorsión y trata de personas, rompiendo con ello la especialización en el delito de secuestro, en el que se ha logrado el objetivo de coordinar esfuerzos de las autoridades estatales y federales.