/ lunes 31 de diciembre de 2018

Tarek Abdalá, otro duartista que está desaparecido

El poderoso tesorero de Javier Duarte hoy acumula citatorios para aclarar presuntos desvíos, pero nadie conoce su paradero

XALAPA, Ver., La Procuraduría General de la República (PGR) no localiza a Antonio Tarek Abdalá Saad, uno de los funcionarios que creció con el duartismo y se perfila como otro de los políticos que, perseguido por desvío de recursos públicos, dejó ir la administración pasada.

Luego de que no fuera localizado en su domicilio, Tarek acumula nueve notificaciones de presentación a través del Diario Oficial de la Federación y deberá comparecer el 11 y 17 de enero de 2019 ante la Auditoria Superior de la Federación, por siete procedimientos de presuntos desvíos de recursos del erario que debieron ser canalizados para programas de salud, a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a la Universidad Veracruzana y al mando policíal. Ahí, se espera explique el destino final de diversos montos, pues de lo contrario podría ser detenido por la Fiscalía General de la República.

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¿QUIÉN ES?

Antes de tener un cargo público Abdalá Saad era un empresario constructor, su desarrollo político empezó a partir de 2010 cuando se convierte en Director de Administración del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Él mismo confesó ante la PGR haber llegado a los cargos que ostentó dentro de la función pública gracias a su amistad con Karime Macías, esposa del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien conoció en 2007 en la Ciudad de México.

Luego de eso, admitió que fue esa relación la que le permitió ocupar primero la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal y posteriormente ser tesorero en la administración duartista.

El ahora exdiputado federal, quien está siendo investigado por la PGR e incluso por la Fiscalía General del Estado (FGE), fue señalado de desvíos durante gestiones en diferentes responsabilidades ocupadas en el estado, pero ya tenía incumplimientos y observaciones como constructor. Una de esas le fue fincada por incumplimiento a los principios básicos de contabilidad gubernamental en 2009; no obstante, no se generó sanción alguna para el entonces constructor; la observación fue por un monto de 7.3 millones de pesos.

Foto: Cortesía


Tarek se convirtió después en uno de los hombres fuertes de la administración de la entidad al desempeñarse de 2012 a 2014 como Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Es egresado de la Universidad del Estado de Arizona y es Licenciado en Prensa Estratégica y Relaciones Públicas por la Escuela de Programas Públicos. Trabajó como director financiero de Sheba Construcciones e Inmobiliaria y es conocido por su afición al basquetbol y ser destacado deportista.

NADIE SABE SU PARADERO

El exfuncionario, al igual que otros en el sexenio de Javier Duarte, tuvo domicilio en el fraccionamiento residencial El Lago, de Xalapa, a espaldas de una conocida plaza comercial , aunque se desconoce si aún habita ahí o en alguna otra parte de Veracruz, del país o del extranjero ya que también cuenta con documentos que acreditan la nacionalidad estadounidense.

Foto: Cortesía


Al cierre del sexenio, Abdalá Saad, igual que otros funcionarios de la administración duartista, buscó la protección del fuero federal y para ello se valió de diversas estrategia, como un gasto millonario en la campaña y así obtener la diputación por el distrito federal XVII con cabecera en Cosamaloapan.

Pero esas estrategias, aunque efectivas, no fueron las que llamaron la atención de los votantes, sino un video en el cual se veía al entonces candidato bailando la canción Happy, de Pharrell Williams. Con todo, fue electo representante popular de diciembre de 2015 a 2018 para la LXIII Legislatura.

SEÑALAMIENTOS DESDE EL DIF

Fue en su encargo al frente del DIF estatal, que presidía entonces Karime Macías de Duarte, cuando se iniciaron los señalamientos en su contra, los cuales derivaron en la apertura de expedientes por parte de autoridades estatales y federales que incluso llevaron al personaje público a ser inhabilitado por 10 años.

Una de las irregularidades que se le fincan es haber pagado a una empresa fantasma más de 6.2 millones de pesos por juguetes que serían entregados en Día de Reyes, pero no hay registro de que éstos hayan sido entregados o repartidos.

Te recomedamos: A la sombra | Antonio Tarek Abdalá Saad

De acuerdo con datos de carácter público, la licitación fue la LS-GEV/22/001/2012, que se ofertó a quienes estuvieran interesados en la adquisición y distribución de juguetes a niños de escasos recursos en el estado de Veracruz. Se presume que esta licitación fue ganada por una empresa fantasma pues el contrato se le asignó a Balcano SA de CV, con domicilio fiscal en la calle Caracol 186, colonia Geovillas, en la zona periférica del puerto de Veracruz.

Sin embargo, ese lugar es una unidad habitacional donde no existe siquiera el número exterior señalado y tampoco se localiza al corporativo. Las otras empresas participantes describen las mismas características, por lo que se dio la pretensión de que el propósito era desviar recursos públicos. Por ello, Abdalá tiene una investigación por parte de la PGR en la que se presume es parte de la red de delincuencia organizada que junto con Javier Duarte de Ochoa creó empresas fantasma para desviar recursos públicos del estado.

Ante las investigaciones federales y de la FGE, el exdiputado federal promovió un amparo que no le fue concedido bajo el número 1046/2017, ante el juzgado Décimo Quinto de distrito. Es de resaltar que mientras fue diputado federal obtuvo el respaldo de su bancada para no ser desaforado ante la petición que realizó el fiscal general estatal, Jorge Winckler Ortiz.

En declaraciones hechas ante la PGR, Tarek reconoció haber realizado desvíos de recursos de diversas dependencias, como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Salud, Desarrollo Agropecuario, Educación y Desarrollo Social, para cumplir con gastos personales del gobernador y su esposa, de quienes a pesar de trabajar con ellos y ser públicamente cercanos dijo no ser amigo, por lo que expresó solo limitarse a seguir órdenes para mover dinero a empresas fantasma, además de la compra de bienes inmuebles.


No obstante, logró obtener un amparo para que la PGR le informe acerca de todos los procesos que la dependencia tenga en su contra. Fue la jueza federal Patricia Marcela Díaz Cerda, del Juzgado Quinto de Distrito, quien resolvió a favor del exdiputado el amparo indirecto 1052/2016 para que éste pudiera ejercer su derecho a una adecuada defensa.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue la que realizó el exhorto a la PGR para que investigara a los responsables del posible saqueo a las arcas públicas de Veracruz, por un monto de al menos mil 600 millones de pesos.

Al extesorero de la Sefiplan se le abrió un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía de Veracruz por el presunto desvío de 23 mil millones de pesos y también fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años, derivado de una resolución de la Contraloría General del Estado.

"Se impone al C. Antonio Tarek Abdalá Saad, la sanción consistente en inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de 10 años", de acuerdo con el documento 171/2015.

XALAPA, Ver., La Procuraduría General de la República (PGR) no localiza a Antonio Tarek Abdalá Saad, uno de los funcionarios que creció con el duartismo y se perfila como otro de los políticos que, perseguido por desvío de recursos públicos, dejó ir la administración pasada.

Luego de que no fuera localizado en su domicilio, Tarek acumula nueve notificaciones de presentación a través del Diario Oficial de la Federación y deberá comparecer el 11 y 17 de enero de 2019 ante la Auditoria Superior de la Federación, por siete procedimientos de presuntos desvíos de recursos del erario que debieron ser canalizados para programas de salud, a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a la Universidad Veracruzana y al mando policíal. Ahí, se espera explique el destino final de diversos montos, pues de lo contrario podría ser detenido por la Fiscalía General de la República.

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¿QUIÉN ES?

Antes de tener un cargo público Abdalá Saad era un empresario constructor, su desarrollo político empezó a partir de 2010 cuando se convierte en Director de Administración del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Él mismo confesó ante la PGR haber llegado a los cargos que ostentó dentro de la función pública gracias a su amistad con Karime Macías, esposa del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien conoció en 2007 en la Ciudad de México.

Luego de eso, admitió que fue esa relación la que le permitió ocupar primero la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal y posteriormente ser tesorero en la administración duartista.

El ahora exdiputado federal, quien está siendo investigado por la PGR e incluso por la Fiscalía General del Estado (FGE), fue señalado de desvíos durante gestiones en diferentes responsabilidades ocupadas en el estado, pero ya tenía incumplimientos y observaciones como constructor. Una de esas le fue fincada por incumplimiento a los principios básicos de contabilidad gubernamental en 2009; no obstante, no se generó sanción alguna para el entonces constructor; la observación fue por un monto de 7.3 millones de pesos.

Foto: Cortesía


Tarek se convirtió después en uno de los hombres fuertes de la administración de la entidad al desempeñarse de 2012 a 2014 como Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Es egresado de la Universidad del Estado de Arizona y es Licenciado en Prensa Estratégica y Relaciones Públicas por la Escuela de Programas Públicos. Trabajó como director financiero de Sheba Construcciones e Inmobiliaria y es conocido por su afición al basquetbol y ser destacado deportista.

NADIE SABE SU PARADERO

El exfuncionario, al igual que otros en el sexenio de Javier Duarte, tuvo domicilio en el fraccionamiento residencial El Lago, de Xalapa, a espaldas de una conocida plaza comercial , aunque se desconoce si aún habita ahí o en alguna otra parte de Veracruz, del país o del extranjero ya que también cuenta con documentos que acreditan la nacionalidad estadounidense.

Foto: Cortesía


Al cierre del sexenio, Abdalá Saad, igual que otros funcionarios de la administración duartista, buscó la protección del fuero federal y para ello se valió de diversas estrategia, como un gasto millonario en la campaña y así obtener la diputación por el distrito federal XVII con cabecera en Cosamaloapan.

Pero esas estrategias, aunque efectivas, no fueron las que llamaron la atención de los votantes, sino un video en el cual se veía al entonces candidato bailando la canción Happy, de Pharrell Williams. Con todo, fue electo representante popular de diciembre de 2015 a 2018 para la LXIII Legislatura.

SEÑALAMIENTOS DESDE EL DIF

Fue en su encargo al frente del DIF estatal, que presidía entonces Karime Macías de Duarte, cuando se iniciaron los señalamientos en su contra, los cuales derivaron en la apertura de expedientes por parte de autoridades estatales y federales que incluso llevaron al personaje público a ser inhabilitado por 10 años.

Una de las irregularidades que se le fincan es haber pagado a una empresa fantasma más de 6.2 millones de pesos por juguetes que serían entregados en Día de Reyes, pero no hay registro de que éstos hayan sido entregados o repartidos.

Te recomedamos: A la sombra | Antonio Tarek Abdalá Saad

De acuerdo con datos de carácter público, la licitación fue la LS-GEV/22/001/2012, que se ofertó a quienes estuvieran interesados en la adquisición y distribución de juguetes a niños de escasos recursos en el estado de Veracruz. Se presume que esta licitación fue ganada por una empresa fantasma pues el contrato se le asignó a Balcano SA de CV, con domicilio fiscal en la calle Caracol 186, colonia Geovillas, en la zona periférica del puerto de Veracruz.

Sin embargo, ese lugar es una unidad habitacional donde no existe siquiera el número exterior señalado y tampoco se localiza al corporativo. Las otras empresas participantes describen las mismas características, por lo que se dio la pretensión de que el propósito era desviar recursos públicos. Por ello, Abdalá tiene una investigación por parte de la PGR en la que se presume es parte de la red de delincuencia organizada que junto con Javier Duarte de Ochoa creó empresas fantasma para desviar recursos públicos del estado.

Ante las investigaciones federales y de la FGE, el exdiputado federal promovió un amparo que no le fue concedido bajo el número 1046/2017, ante el juzgado Décimo Quinto de distrito. Es de resaltar que mientras fue diputado federal obtuvo el respaldo de su bancada para no ser desaforado ante la petición que realizó el fiscal general estatal, Jorge Winckler Ortiz.

En declaraciones hechas ante la PGR, Tarek reconoció haber realizado desvíos de recursos de diversas dependencias, como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Salud, Desarrollo Agropecuario, Educación y Desarrollo Social, para cumplir con gastos personales del gobernador y su esposa, de quienes a pesar de trabajar con ellos y ser públicamente cercanos dijo no ser amigo, por lo que expresó solo limitarse a seguir órdenes para mover dinero a empresas fantasma, además de la compra de bienes inmuebles.


No obstante, logró obtener un amparo para que la PGR le informe acerca de todos los procesos que la dependencia tenga en su contra. Fue la jueza federal Patricia Marcela Díaz Cerda, del Juzgado Quinto de Distrito, quien resolvió a favor del exdiputado el amparo indirecto 1052/2016 para que éste pudiera ejercer su derecho a una adecuada defensa.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue la que realizó el exhorto a la PGR para que investigara a los responsables del posible saqueo a las arcas públicas de Veracruz, por un monto de al menos mil 600 millones de pesos.

Al extesorero de la Sefiplan se le abrió un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía de Veracruz por el presunto desvío de 23 mil millones de pesos y también fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años, derivado de una resolución de la Contraloría General del Estado.

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