En México existe el primer caso donde un presunto acosador se ve protegido por el máximo organismo de transparencia del país al apegarse a la Ley de Protección de Datos Personales para pedir los nombres de sus denunciantes. Se trata de Felipe Montes, un docente de Literatura en el Tecnológico de Monterrey.
En noviembre de 2017, el Tec de Monterrey suspendió a Montes luego de que la asociación Acoso en la U lo denunciara por acoso y hostigamiento sexual, sin embargo el profesor ha negado estos señalamientos y promovió una denuncia por un supuesto trato indebido de su información ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
A dos años de este procedimiento sancionatorio en contra de las víctimas, la organización Acoso en la U pidió al Instituto “no ser cómplice de acosadores”.
A través un comunicado de prensa en conjunto con la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la asociación manifestó ser “blanco de una serie de batallas legales” desde mayo de 2019, cuando el profesor inició un procedimiento de protección de datos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) ante el Inai.
De acuerdo con la organización, ante su negativa a entregar información confidencial sobre sus denunciantes, así como la eliminación de cualquier medio físico y electrónico de los testimonios en contra del profesor publicados en su sitio web, el Inai inició un procedimiento de sanciones para obligarlas a atender su llamado.
“Este proceso jurídico que hoy cumple 649 días ha resultado en un profundo perjuicio para nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos, mermando nuestros recursos económicos, emocionales y de tiempo, y reduciendo considerablemente nuestra capacidad de acción para promover una vida libre de violencia para las mujeres”, señala el comunicado.
Por todo lo anterior la organización decidió hacer su denuncia pública para acusar al Instituto de estar “distorsionando mediante la interpretación, leyes que deberían protegernos”, para que esta entregue la información solicitada a pesar de que “las asociaciones civiles no somos sujetos obligados a responder solicitudes ARCO”.
“La intervención del Inai bajo este contexto, es únicamente una nueva forma de acoso y revictimización hacia sus denunciantes y los defensores que acompañan dichos procesos”, acusan.
Por ello, y en el marco del 8M, realizaron un llamado público al Inai a no ser una “institución cómplice de acosadores que pretenden tergiversar la ley para seguir en la impunidad y exigimos que la autoridad ejerza sus funciones con perspectiva de género para no ser omisa ante el uso doloso de los mecanismos de protección de datos personales”, misma que se materializó con una protesta fuera de las instalaciones del Instituto.
Al respecto el Inai informó que “en apertura al diálogo” recibieron a una comitiva de mujeres representantes de las organizaciones demandantes, mismas que fueron atendidas por la comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el comisionado Andrián Alcalá Mendez, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento sobre el proceso.
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