CUERNAVACA. Por lo menos cuatro sujetos armados irrumpieron ayer alrededor de las 5:30 de la mañana en la terminal de autobuses Estrella de Oro de Cuernavaca, donde asesinaron a cinco personas y dejaron una más herida.
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, negó que la entidad sea un foco rojo y admitió que su gobierno poco puede hacer ante el avance de la delincuencia que, afirma, tuvo auge por las alianzas que “administraciones pasadas pactaron con el crimen organizado”.
Sin embargo, José Manuel Sanz, jefe de la Oficina de la gubernatura, reconoció que Morelos se encuentra en “semáforo rojo” en materia de violencia, aunque aseguró que el ataque de ayer fue dirigido y descartó que el turismo corra peligro.
Hechos similares han ocurrido los últimos meses en los estados de Guerrero, Veracruz, Jalisco y Michoacán. El común denominador son las elevadas cifras de muertos por ataques y la falta de coordinación entre las autoridades locales y con la Federación.
Cuatro horas después, en Guerrero un enfrentamiento a tiros entre policías comunitarios de a Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) contra civiles armados provocó que suspendieran clases cuatro escuelas de la comunidad de Xolapa, en el municipio de Acapulco, al no existir garantías de seguridad para alumnos y maestros. La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y el gobernador Héctor Astudillo Flores no emitieron una postura al respecto.
“Lamentablemente los grupos de civiles armados iniciaron con el propósito de cuidar a la población y terminaron teniendo conflictos graves con otros civiles armados”, dijo el mandatario guerrerense en días pasados.
El viernes pasado, otro incidente ocurrió en Tepalcatepec, Michoacán, cuando por horas se registraron varias balaceras como consecuencia de la disputa que inició el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del territorio: autodefensas y policías municipales se enfrentaron por su cuenta contra los sicarios, con saldo de nueve muertos y 11 heridos.
Al día siguiente, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, aclaró que los choques entre civiles armados y elementos municipales no ocurrieron en la entidad, sino en el vecino estado de Jalisco. Ayer, el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, calificó como inaceptable la actitud pasiva y de espectador asumida por el gobierno federal sobre el tema y acusó a Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, de designar a los alcaldes de Tepalcatepec para mantener sus actividades delincuenciales.
A principios de agosto, el Gobierno de Guanajuato informaba que durante julio se había dado una reducción de homicidios dolosos, con con 180 casos, cuando normalmente superaba la barrera de los 200. Sin embargo, el 2 de agosto, cinco personas fueron asesinadas dentro de la barandilla del municipio de Valle de Santiago y a partir de ahí, los multihomicidios comenzaron a darse.
Al tiempo que los homicidios se daban, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo no tocó el tema durante el mes en las entrevistas que brindaba a los medios. La comisionada la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophía Huett López, sólo refería que la entidad no será escenario de disputas entre bandas delictivas.
En Jalisco, apenas el pasado sábado agentes de la Fiscalía estatal localizaron 17 bolsas con restos humanos enterradas en el patio de una casa abandonada en Tlajomulco de Zúñiga. Durante este mismo año suman 14 casas de seguridad en la Zona Metropolitana, y en 12 de ellas se han hallado poco más de 100 cadáveres, hechos por los que la entidad ha exigido mayor respaldo federal e instrumentado la Policía Metropolitana, que suma a nueve municipios bajo un solo mando.
DESCOORDINACIÓN Y PUGNAS
En Veracruz, primer lugar en presuntos delitos de feminicidios con 114 casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad al mes de julio, la confrontación entre autoridades estatales y la fiscalía continúa en un clima de inseguridad.
Apenas el 27 de agosto un comando incendió el bar El Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, donde 29 personas murieron, reviviendo el encono entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y Jorge Winckler, fiscal general del estado, quienes desde el ataque en Minatitlán el pasado 19 de abril, donde murieron 13 personas, se culpan mutuamente de la ola de violencia. La semana pasada, el mandatario arremetió contra el fiscal y lo acusó de liberar a quien señaló como el presunto autor del crimen, Ricardo N La Loca. Winckler reviró: “Absolutamente falso; fue la FGR quien determinó su situación jurídica”.
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