A cuatro años de que el gobierno mexicano suscribió el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, instrumento internacional que reconoció por primera vez en América Latina (AL) y El Caribe los derechos sexuales como Derechos Humanos, sigue sin garantizarle a mujeres y niñas el acceso a la salud sexual y reproductiva pese a que ha avanzado en la creación de leyes y estrategias enfocadas en este aspecto.
El Consenso, adoptado por 38 países de AL y el Caribe, en Uruguay durante agosto de 2013, es el acuerdo intergubernamental más importante firmado en la región en materia de desarrollo, pues posiciona a los derechos sexuales y reproductivos como prioritarios en el crecimiento de los países, como lo ha reconocido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés).
Por la importancia de este instrumento más de 70 organizaciones civiles latinoamericanas, ocho redes regionales y dos universidades se dieron a la tarea de evaluar qué tanto han adoptado los compromisos del Consenso de Montevideo 18 de los países suscritos. México resultó calificado como el quinto con más leyes, políticas públicas y estrategias enfocadas en el cumplimiento de los derechos sexuales, pero asociaciones mexicanas denunciaron que éstas “quedan solo en papel” y las principales afectadas son las mujeres.
En días pasados en conferencia de prensa las organizaciones Mexfam, el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Católicas por el Derecho a Decidir y Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A. C presentaron los resultados de la evaluación, mismos que fueron publicados en la plataforma digital “Mira que te Miro”.
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