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La organización 'Causa en Común' demandó a las autoridades a que los fondos para dotar a los policías estatales y municipales de equipos de protección ante el coronavirus se obtendrán de otros programas y no de los destinados para garantizar la seguridad pública.
Por lo anterior, esta organización advirtió que en el acuerdo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dado a conocer el pasado 10 de abril, los términos o mecanismos clave para adquirir bienes o servicios no se definen con claridad, por lo que se facilita el desvío de recursos.
Como ejemplo se señala que no hay una definición sobre qué productos pueden adquirirse para hacer frente a la emergencia por coronavirus; en específico, no se clarifica qué es “equipamiento indispensable”, “apoyo extraordinario”, “equipo de urgencia”, ni se brinda un catálogo detallado de los bienes y servicios que se requieren comprar.
Causa en Común refiere que “en ningún momento se establece por qué, cómo o bajo qué criterios se allegarán los productos; es decir, ¿qué características tendrán?, ¿hay restricciones para comprar determinados objetos?, ¿para qué elementos policiales se van a destinar?”.
Además, insistieron que “no se especifican los mecanismos para supervisar que lo adquirido sean los productos correctos”.
María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, señaló que esta opacidad y falta de certeza podría provocar que los encargados de ejecutar los fondos de seguridad pública en estados y municipios se aprovechen para desviar los fondos para sus propios fines.
“En el contexto de crisis económica e inseguridad que vivimos en México, es inadmisible que el dinero destinado para combatir la delincuencia se pueda usar de manera inadecuada”, alertó.
Morera consignó que la solución no es quitar recursos a tareas de seguridad, “al contrario, tendrían que aumentarse, lo que se podría lograr si se reasignaran fondos de otras obras no prioritarias como el Tren Maya”.
La activista consideró que esta medida muestra que “el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha ido perdiendo relevancia y parece esmerarse en seguirla perdiendo y, en el camino, desatiende las urgentes necesidades en seguridad que existen en el país.”
Causa en Común explica que los recursos que se pretenden reasignar son los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (FORTASEG).
Ambos fondos suman 11 mil millones 444 mil pesos (7 mil 444 millones de pesos de FASP, y 4 mil millones de pesos de FORTASEG) lo que perjudicará tareas de gran relevancia. Una de estas es el programa ‘Prevención Social’, enfocado a atender, entre otros aspectos, la violencia contra la mujer, por lo que reasignar la totalidad de sus recursos podría provocar que los gobiernos locales desatiendan más a las víctimas de estas agresiones aunque se trata de un delito grave.
El programa ‘Desarrollo y Certificación Policial’ también se vería disminuido, por lo que dejaría de recibir presupuesto para becas, así como para evaluaciones de control de confianza para los aspirantes, en un contexto en que el país vive un proceso de reclutamiento de elementos de seguridad pública.
Los objetivos que este último programa persigue son vitales para la selección de agentes confiables, ya que actualmente 55 mil 919 policías (16%) no han sido evaluados en control de confianza o no cuentan con una evaluación vigente.
La organización ciudadana consigna que en acercamientos que se han sostenido con autoridades estatales y municipales éstas ya habían alertado que ambos fondos eran insuficientes para adquirir equipamiento básico para policías (como sueldos, chalecos antibalas o cascos), realizar proyectos de prevención de la violencia, o para la búsqueda de personas desaparecidas.
Cabe destacar que con este recorte se manda el mensaje de que el gobierno federal no tiene interés en frenar la violencia a pesar de que la delincuencia se ha incrementado, concluye Causa en Común.
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