/ domingo 8 de enero de 2017

Población en calle, con más enfermedades en la Ciudad de México

El diagnóstico de salud de las personas en situación de calle en la Ciudad de México se caracteriza por enfermedades pulmonares, desórdenes músculo-esqueléticos, obstrucciones venosas, padecimientos gastrointestinales y neurológicos, problemas de visión, de la piel y de los pies, diabetes, hipertensión y enfermedades parasitarias e infecciosas.

De acuerdo al "Informe Especial Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México", a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el sobrevivir en la vía pública de las ciudades tiene para las poblaciones callejeras innumerables afectaciones a la salud, integridad y vida derivadas de limitaciones para llevar una dieta saludable, conseguir espacios de aseo personal, descansar convenientemente y en lugares dignos y refugiarse ante la exposición a riesgos ambientales.

El organismo recabo testimonios de quienes viven en las calles de la capital, como una parte para elaborar el documento, y lo que dijeron los interrogados muestra inequidad en el acceso a los servicios de salud, hay consumo de drogas y afectaciones a los derechos sexuales y reproductivos.

"Los obstáculos en el acceso a la salud emergen como una de las principales problemáticas que enfrentan las personas que sobreviven en la calle y se manifiestan principalmente en prácticas de marginación y exclusión consistente en la negación de servicios de emergencia (ambulancias y primeros auxilios) y en la imposibilidad de acceder a servicios de atención médica en hospitales, clínicas y/o centros de salud por razones de discriminación", se subraya en el informe.

Explica que la relación que las problemáticas guardan con omisiones, negativa u obstaculización de servicios es muestra de las necesidades de capacitación que tiene el personal de salud para estar en condiciones de brindar una atención sensible y adecuada.

Y es que el personal médico suele verse excedido por las demandas y conflictos morales que plantea la situación general de la vida en la calle y la conceptualización de ésta como una conducta reprochable.

La CDHDF afirmó que cuando las personas que forman parte de las poblaciones callejeras necesitan la asistencia de ambulancias y servicios de emergencia, especialmente por casos de atropellamiento, padecimientos de salud crónicos y heridas ocasionadas por peleas o asaltos, de acuerdo con los testimonios recuperados, las y los paramédicos solo les ofrecen atenciones paliativas suficientes para aliviar malestares inmediatos y no trasladan a las personas a hospitales o clínicas de salud por su mal aspecto físico, encontrarse bajo el influjo de las drogas o sus condiciones de higiene.

Asimismo, los prejuicios existentes entre el personal de salud se manifiestan en los testimonios que señalan casos en que determinan de manera intencional diagnósticos de baja gravedad, para dar de alta con mayor rapidez a las personas que viven y sobreviven en las calles.

Las negativas y obstáculos para acceder a servicios de salud y de emergencia son una consecuencia del diseño asistencialista del sistema de salud, al no considerar las particularidades y necesidades específicas de las poblaciones callejeras, y eso entra en franca contradicción con los elementos básicos de un enfoque de derechos humanos desde el cual se requeriría diseñar programas de salud integrales e incluyentes que, entre otros aspectos, permitan posteriormente allegar a estas poblaciones información suficiente sobre derechos, beneficios, programas de salud a los que puedan acceder, así como sobre los diversos riesgos a los que se encuentran expuestos.

"A modo de ejemplo y de manera preocupante, las mujeres integrantes de poblaciones callejeras sufren de forma sistemática la negación del acceso a servicios de salud, especialmente aquellos asociados a la maternidad, así como el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos", se plantea en el documento. CONSUMO DE DROGAS

El consumo de drogas es un problema más que enfrentan quienes viven en las calles, los riesgos y daños asociados varían para cada sustancia y pueden afectar diferentes aspectos de la vida de una persona en relación con su salud o su entorno social.

Está el caso de las drogas inhalables -de uso común entre quienes viven en la vía pública- y que les ocasionan daños orgánicos irreversibles como la baja de potasio, trastornos gastrointestinales (nauseas, vómitos, anorexia), males renales y hepáticos, alteraciones respiratorias (bronquitis crónica y edema pulmonar), conjuntivitis crónicas y muerte súbita por fallo cardiaco o arritmias ventriculares.

Además, está el daño generalizado al sistema nervioso central, cuya gravedad es clínicamente similar a la observada en enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple.

"Los efectos neurotóxicos del abuso prolongado de inhalantes también provocan daños a las partes del cerebro involucradas en la cognición, el control del movimiento, la visión y la audición y alteraciones cognitivas que pueden ir desde un leve deterioro a la demencia severa", se subraya en el documento.

La respuesta a esta situación generalmente se basa en la penalización y criminalización del uso de drogas, cuya consecuencia es que las personas sean consideradas delincuentes o degenerados morales y permite que proliferen los enfoques de tratamiento forzoso con un carácter punitivo, pues no se encuentran basados en un conocimiento libre e informado de las personas.

El internamiento es obligatorio en centros de rehabilitación, lo cual constituye una práctica habitual para personas en situación de vulnerabilidad, como quienes viven en la vía pública, ya que las autoridades suelen partir de concepciones tutelares que les niegan la posibilidad de que determinados grupos puedan ejercer libremente su voluntad.

Dicha presunción de incapacidad basada en el consumo de drogas es un argumento para someter a personas a tratamientos en contra de su voluntad e incrementa significativamente los riesgos de violación de derechos, pues al desconocer el índole o duración de éstos se propician aislamientos prolongados en que las personas retenidas carecen de asistencia médica y sufren un doloroso síndrome de abstinencia en razón de la dependencia que las drogas les han generado, el suministro de medicamentos desconocidos y eventos de violencia física, psicológica o sexual.

"Asimismo, las condiciones en los centros que imponen esta clase de medidas importan riesgos adicionales para la salud, por la exposición a enfermedades infecciosas y la falta de personal calificado para afrontar situaciones de emergencia o para atender los trastornos relacionados con la dependencia que se ha generado con respecto a ciertas sustancias", se concluye en el documento.

El diagnóstico de salud de las personas en situación de calle en la Ciudad de México se caracteriza por enfermedades pulmonares, desórdenes músculo-esqueléticos, obstrucciones venosas, padecimientos gastrointestinales y neurológicos, problemas de visión, de la piel y de los pies, diabetes, hipertensión y enfermedades parasitarias e infecciosas.

De acuerdo al "Informe Especial Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México", a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el sobrevivir en la vía pública de las ciudades tiene para las poblaciones callejeras innumerables afectaciones a la salud, integridad y vida derivadas de limitaciones para llevar una dieta saludable, conseguir espacios de aseo personal, descansar convenientemente y en lugares dignos y refugiarse ante la exposición a riesgos ambientales.

El organismo recabo testimonios de quienes viven en las calles de la capital, como una parte para elaborar el documento, y lo que dijeron los interrogados muestra inequidad en el acceso a los servicios de salud, hay consumo de drogas y afectaciones a los derechos sexuales y reproductivos.

"Los obstáculos en el acceso a la salud emergen como una de las principales problemáticas que enfrentan las personas que sobreviven en la calle y se manifiestan principalmente en prácticas de marginación y exclusión consistente en la negación de servicios de emergencia (ambulancias y primeros auxilios) y en la imposibilidad de acceder a servicios de atención médica en hospitales, clínicas y/o centros de salud por razones de discriminación", se subraya en el informe.

Explica que la relación que las problemáticas guardan con omisiones, negativa u obstaculización de servicios es muestra de las necesidades de capacitación que tiene el personal de salud para estar en condiciones de brindar una atención sensible y adecuada.

Y es que el personal médico suele verse excedido por las demandas y conflictos morales que plantea la situación general de la vida en la calle y la conceptualización de ésta como una conducta reprochable.

La CDHDF afirmó que cuando las personas que forman parte de las poblaciones callejeras necesitan la asistencia de ambulancias y servicios de emergencia, especialmente por casos de atropellamiento, padecimientos de salud crónicos y heridas ocasionadas por peleas o asaltos, de acuerdo con los testimonios recuperados, las y los paramédicos solo les ofrecen atenciones paliativas suficientes para aliviar malestares inmediatos y no trasladan a las personas a hospitales o clínicas de salud por su mal aspecto físico, encontrarse bajo el influjo de las drogas o sus condiciones de higiene.

Asimismo, los prejuicios existentes entre el personal de salud se manifiestan en los testimonios que señalan casos en que determinan de manera intencional diagnósticos de baja gravedad, para dar de alta con mayor rapidez a las personas que viven y sobreviven en las calles.

Las negativas y obstáculos para acceder a servicios de salud y de emergencia son una consecuencia del diseño asistencialista del sistema de salud, al no considerar las particularidades y necesidades específicas de las poblaciones callejeras, y eso entra en franca contradicción con los elementos básicos de un enfoque de derechos humanos desde el cual se requeriría diseñar programas de salud integrales e incluyentes que, entre otros aspectos, permitan posteriormente allegar a estas poblaciones información suficiente sobre derechos, beneficios, programas de salud a los que puedan acceder, así como sobre los diversos riesgos a los que se encuentran expuestos.

"A modo de ejemplo y de manera preocupante, las mujeres integrantes de poblaciones callejeras sufren de forma sistemática la negación del acceso a servicios de salud, especialmente aquellos asociados a la maternidad, así como el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos", se plantea en el documento. CONSUMO DE DROGAS

El consumo de drogas es un problema más que enfrentan quienes viven en las calles, los riesgos y daños asociados varían para cada sustancia y pueden afectar diferentes aspectos de la vida de una persona en relación con su salud o su entorno social.

Está el caso de las drogas inhalables -de uso común entre quienes viven en la vía pública- y que les ocasionan daños orgánicos irreversibles como la baja de potasio, trastornos gastrointestinales (nauseas, vómitos, anorexia), males renales y hepáticos, alteraciones respiratorias (bronquitis crónica y edema pulmonar), conjuntivitis crónicas y muerte súbita por fallo cardiaco o arritmias ventriculares.

Además, está el daño generalizado al sistema nervioso central, cuya gravedad es clínicamente similar a la observada en enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple.

"Los efectos neurotóxicos del abuso prolongado de inhalantes también provocan daños a las partes del cerebro involucradas en la cognición, el control del movimiento, la visión y la audición y alteraciones cognitivas que pueden ir desde un leve deterioro a la demencia severa", se subraya en el documento.

La respuesta a esta situación generalmente se basa en la penalización y criminalización del uso de drogas, cuya consecuencia es que las personas sean consideradas delincuentes o degenerados morales y permite que proliferen los enfoques de tratamiento forzoso con un carácter punitivo, pues no se encuentran basados en un conocimiento libre e informado de las personas.

El internamiento es obligatorio en centros de rehabilitación, lo cual constituye una práctica habitual para personas en situación de vulnerabilidad, como quienes viven en la vía pública, ya que las autoridades suelen partir de concepciones tutelares que les niegan la posibilidad de que determinados grupos puedan ejercer libremente su voluntad.

Dicha presunción de incapacidad basada en el consumo de drogas es un argumento para someter a personas a tratamientos en contra de su voluntad e incrementa significativamente los riesgos de violación de derechos, pues al desconocer el índole o duración de éstos se propician aislamientos prolongados en que las personas retenidas carecen de asistencia médica y sufren un doloroso síndrome de abstinencia en razón de la dependencia que las drogas les han generado, el suministro de medicamentos desconocidos y eventos de violencia física, psicológica o sexual.

"Asimismo, las condiciones en los centros que imponen esta clase de medidas importan riesgos adicionales para la salud, por la exposición a enfermedades infecciosas y la falta de personal calificado para afrontar situaciones de emergencia o para atender los trastornos relacionados con la dependencia que se ha generado con respecto a ciertas sustancias", se concluye en el documento.