/ martes 29 de junio de 2021

Acusan compra de votos en Texmelucan; Morena rechaza señalamientos

El candidato de MC, Abraham Salazar, dijo que las anomalías iniciaron el día de las elecciones

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, en Puebla, Abraham Salazar Pérez, denunció que el día de la elección trabajadores del Ayuntamiento operaron para comprar votos a favor de la candidata de Morena y actual alcaldesa, Norma Layón Aarun. El vocero de la presidenta municipal, Horacio Cano Vargas, rechazó las acusaciones del emecista.

Ayer, El Sol de México publicó que en los comicios del pasado 6 de junio, la candidata común de Morena y el PT pasó de un quinto lugar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a ganar la elección para reelegirse como alcaldesa, tras el recuento de los votos.

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Seis de 10 candidatos impugnaron los resultados acusando fraude, en tanto que el equipo de Layón Aarun y el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) argumentan que el cambio drástico se debió a un error en la impresión de las actas de escrutinio y cómputo, en las que no aparecían los espacios para anotar los votos que Morena y PT obtuvieron individualmente, lo que subestimó su votación en el PREP.

En su lista de impugnaciones, Salazar Pérez destacó que las presuntas anomalías tuvieron lugar desde el día de la elección, ya que personal del Ayuntamiento operó para llevar a votar a personas a favor de la presidenta municipal a cambio de dinero.

Como pruebas presentó a este medio un centenar de fotografías que habrían tomado los ciudadanos para comprobar que votaron por la candidata morenista. Las imágenes muestran las boletas para presidente municipal, e incluso para diputaciones locales y federales, tachadas en el recuadro correspondiente a Morena y sobre ellas la credencial de elector del votante que se supone, debía estar en ese momento en poder de los funcionarios de casilla.

En la mayoría de las imágenes se aprecia además que los ciudadanos escribían en su brazo, su mano o en un papel una clave alfanumérica que, de acuerdo con Salazar, eran los códigos para identificar al servidor público que los había llevado.

Horacio Cano desestimó las pruebas. “Ahora sí que creo que todos son libres, no es delito tomarle foto a tu voto y pues que lo pongan al lado de su credencial de elector no prueba nada. Y si tienen alguna prueba que aportar, serán las autoridades penales o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quien decida”.

Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del IEE, indicó que “la compra de votos es un delito, ya no es una cuestión administrativa electoral”.

“Supongo (que los candidatos inconformes) ya habrán puesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Electorales en caso de elección local, pero si también se incluye la boleta federal, entonces es de conocimiento de la Fepade”, añadió.

DENUNCIA POSELECTORAL

La operación de los trabajadores del Ayuntamiento también ocurrió después de los comicios, durante el recuento de los votos, denunció Abraham Salazar.

De acuerdo con el emecista, funcionarios municipales participaron en el recuento de los votos como parte del Consejo Municipal del IEE o como representantes de Morena.

Mencionó a Verónica Castro Amador, jueza calificadora de primer turno de la sindicatura municipal; Gerardo Pérez Antonio, director de Asuntos Jurídicos; María Eugenia Zaldívar Álvarez, jefa de Derecho Civil y Penal; José Francisco Bonilla Sánchez, director general de Gobernación, y Gonzalo Galván Rodríguez, director de Bienes Patrimoniales.

El vocero de la alcaldesa confirmó que las personas señaladas trabajan para la administración municipal, aunque acotó que sólo Verónica Castro fungió como tercera suplente en el Consejo Municipal e incluso se le destituyó antes del conteo de los votos a petición de los demás partidos. Agregó que la jueza calificadora pidió licencia desde el 4 de julio para participar en el proceso.

Sobre los demás, Cano Vargas indicó que todos pidieron licencia sin goce de sueldo unos días antes porque querían estar en el conteo como representantes de Morena. “De forma libre pidieron licencia por tres días y asistieron como representantes de Morena… La política fue: ‘sí pueden ir, pero con una licencia sin goce de sueldo’”.

El consejero Miguel Ángel García indicó que el Consejo Municipal del IEE en San Martín Texmelucan inició sus funciones desde abril y no se recibió queja alguna de sus integrantes hasta que explotó el conflicto poselectoral.

Horacio Cano agregó que el recuento de votos se hizo en seis mesas donde estuvieron representantes de todos los candidatos. “En esas mesas estaban representados todos los partidos políticos y de esas mesas se generaron nuevas actas de escrutinio de cada paquete, mismas que fueron firmadas por todos los representantes de los partidos políticos”.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, en Puebla, Abraham Salazar Pérez, denunció que el día de la elección trabajadores del Ayuntamiento operaron para comprar votos a favor de la candidata de Morena y actual alcaldesa, Norma Layón Aarun. El vocero de la presidenta municipal, Horacio Cano Vargas, rechazó las acusaciones del emecista.

Ayer, El Sol de México publicó que en los comicios del pasado 6 de junio, la candidata común de Morena y el PT pasó de un quinto lugar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a ganar la elección para reelegirse como alcaldesa, tras el recuento de los votos.

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Seis de 10 candidatos impugnaron los resultados acusando fraude, en tanto que el equipo de Layón Aarun y el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) argumentan que el cambio drástico se debió a un error en la impresión de las actas de escrutinio y cómputo, en las que no aparecían los espacios para anotar los votos que Morena y PT obtuvieron individualmente, lo que subestimó su votación en el PREP.

En su lista de impugnaciones, Salazar Pérez destacó que las presuntas anomalías tuvieron lugar desde el día de la elección, ya que personal del Ayuntamiento operó para llevar a votar a personas a favor de la presidenta municipal a cambio de dinero.

Como pruebas presentó a este medio un centenar de fotografías que habrían tomado los ciudadanos para comprobar que votaron por la candidata morenista. Las imágenes muestran las boletas para presidente municipal, e incluso para diputaciones locales y federales, tachadas en el recuadro correspondiente a Morena y sobre ellas la credencial de elector del votante que se supone, debía estar en ese momento en poder de los funcionarios de casilla.

En la mayoría de las imágenes se aprecia además que los ciudadanos escribían en su brazo, su mano o en un papel una clave alfanumérica que, de acuerdo con Salazar, eran los códigos para identificar al servidor público que los había llevado.

Horacio Cano desestimó las pruebas. “Ahora sí que creo que todos son libres, no es delito tomarle foto a tu voto y pues que lo pongan al lado de su credencial de elector no prueba nada. Y si tienen alguna prueba que aportar, serán las autoridades penales o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales quien decida”.

Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del IEE, indicó que “la compra de votos es un delito, ya no es una cuestión administrativa electoral”.

“Supongo (que los candidatos inconformes) ya habrán puesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Electorales en caso de elección local, pero si también se incluye la boleta federal, entonces es de conocimiento de la Fepade”, añadió.

DENUNCIA POSELECTORAL

La operación de los trabajadores del Ayuntamiento también ocurrió después de los comicios, durante el recuento de los votos, denunció Abraham Salazar.

De acuerdo con el emecista, funcionarios municipales participaron en el recuento de los votos como parte del Consejo Municipal del IEE o como representantes de Morena.

Mencionó a Verónica Castro Amador, jueza calificadora de primer turno de la sindicatura municipal; Gerardo Pérez Antonio, director de Asuntos Jurídicos; María Eugenia Zaldívar Álvarez, jefa de Derecho Civil y Penal; José Francisco Bonilla Sánchez, director general de Gobernación, y Gonzalo Galván Rodríguez, director de Bienes Patrimoniales.

El vocero de la alcaldesa confirmó que las personas señaladas trabajan para la administración municipal, aunque acotó que sólo Verónica Castro fungió como tercera suplente en el Consejo Municipal e incluso se le destituyó antes del conteo de los votos a petición de los demás partidos. Agregó que la jueza calificadora pidió licencia desde el 4 de julio para participar en el proceso.

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