/ martes 9 de julio de 2019

Acusan de anticonstitucional reforma que amplía periodo de gubernatura en BC

La consejera electoral dijo que en caso de que se apruebe la reforma, se estaría dando un mal precedente respecto a cuánto tiempo tiene que permanecer un gobernante

La consejera electoral, Pamela San Martín, afirmó que la aprobación de la reforma que prolonga de dos a cinco años el próximo periodo a la gubernatura de Baja California violenta las reglas del proceso electoral que decían que el próximo titular del Ejecutivo local sólo estaría un par de años.

“Es una ruptura absoluta del orden constitucional que tenemos en el que son las ciudadanos y los ciudadanos quienes eligen quién nos gobierna por determinado periodo, y cómo se establece ese periodo, pues previo a las elecciones “, dijo San Martín.

El lunes, el Congreso de Baja California modificó el decreto por el cual se establecía que quien ganara las elecciones del 2 de junio pasado, en este caso Jaime Bonilla, gobernaría de 2019 a 2021, para ampliar el periodo hasta 2024.

Dicha determinación, que debe ser ratificada por al menos tres de los cinco cabildos de Baja California, ya fue dos veces invalidada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien declaró que era violatorio a la ley hacer dicha reforma. Ambas ocasiones fueron previas a la jornada electoral, la última el 29 de mayo.

La consejera electoral aseveró que en caso de que se apruebe la reforma, se estaría dando un mal precedente respecto a cuánto tiempo tiene que permanecer un gobernante en un cargo de elección popular.

“Ésta es una ruptura al marco constitucional, un desconocimiento al marco de derecho y me parece que lo que genera es un precedente terrible, porque esto podría significar que se modificara la Constitución para que, una vez que ya está en funciones el presidente de la República su mandato no sea de seis años, sino de ocho o de 10”.

Sobre el argumento de que salen muy caras las elecciones, San Martín comentó que eso es inválido, ya que de lo que se trata es de tener comicios regulares para elegir a los gobernantes.

Ahora, se tendrá que esperar a que tres de cinco cabildos aprueben la reforma. En ese caso, se podría acudir a la Suprema Corte o al Tribunal Electoral para ver su legalidad.

La consejera electoral, Pamela San Martín, afirmó que la aprobación de la reforma que prolonga de dos a cinco años el próximo periodo a la gubernatura de Baja California violenta las reglas del proceso electoral que decían que el próximo titular del Ejecutivo local sólo estaría un par de años.

“Es una ruptura absoluta del orden constitucional que tenemos en el que son las ciudadanos y los ciudadanos quienes eligen quién nos gobierna por determinado periodo, y cómo se establece ese periodo, pues previo a las elecciones “, dijo San Martín.

El lunes, el Congreso de Baja California modificó el decreto por el cual se establecía que quien ganara las elecciones del 2 de junio pasado, en este caso Jaime Bonilla, gobernaría de 2019 a 2021, para ampliar el periodo hasta 2024.

Dicha determinación, que debe ser ratificada por al menos tres de los cinco cabildos de Baja California, ya fue dos veces invalidada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien declaró que era violatorio a la ley hacer dicha reforma. Ambas ocasiones fueron previas a la jornada electoral, la última el 29 de mayo.

La consejera electoral aseveró que en caso de que se apruebe la reforma, se estaría dando un mal precedente respecto a cuánto tiempo tiene que permanecer un gobernante en un cargo de elección popular.

“Ésta es una ruptura al marco constitucional, un desconocimiento al marco de derecho y me parece que lo que genera es un precedente terrible, porque esto podría significar que se modificara la Constitución para que, una vez que ya está en funciones el presidente de la República su mandato no sea de seis años, sino de ocho o de 10”.

Sobre el argumento de que salen muy caras las elecciones, San Martín comentó que eso es inválido, ya que de lo que se trata es de tener comicios regulares para elegir a los gobernantes.

Ahora, se tendrá que esperar a que tres de cinco cabildos aprueben la reforma. En ese caso, se podría acudir a la Suprema Corte o al Tribunal Electoral para ver su legalidad.

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