Los gobernadores de la Alianza Federalista se unieron al respaldo del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al señalar que su proceso de desafuero estuvo plagado de “irregularidades técnico-jurídicas”, y en su lugar se lanzaron contra el partido Morena por “proteger con inmunidad constitucional”, al senador Cruz Pérez Cuellar.
Mediante un comunicado los gobernadores de distintas fuerzas políticas acusaron que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, órgano encargado de dictaminar el desafuero de servidores públicos y con mayoría morenista, actuó con una “justicia a modo cooptadas por Morena”.
La noche de este miércoles la Sección Instructora, con mayoría morenista, votó a favor de dar procedencia al desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, señalado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal y votó en contra del proceso de Cruz Pérez Cuellar, acusado por presuntamente ser beneficiario de recursos ilegales operados por el ex gobernador César Duarte Jáquez, tras considerar que no era posible acreditar las acusaciones en su contra.
Por ello la Alianza Federalista señaló que con este proceso “quedó demostrado el uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas de nuestro país, distorsionadas por el partido en el poder para servirse de ellas en forma sectaria y hegemónica, y con propósitos manifiestamente electorales, sin importar el costo a la sociedad, a la democracia y al Estado de Derecho”.
En el caso del gobernador García Cabeza de Vaca acusaron que la Sección permitió e incitó el desahogo de pruebas de cargo “en un espectáculo público transmitido por el Canal del Congreso y las cuentas de la Cámara de Diputados en YouTube, Facebook y Twitter”.
En contraste, recordaron que a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se le negó el desahogo de pruebas en contra del senador morenista aduciendo que resultaban notablemente impertinentes e innecesarias. Además, ya en su proceso de desafuero, argumentaron que su decisión fue “en el pleno respeto a la presunción de inocencia”.
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“Sin embargo, para los integrantes de la Sección Instructora, dicho derecho fundamental, no guardó la misma dimensión y relevancia tratándose del Gobernador García Cabeza de Vaca, a quien en múltiples ocasiones exhibió de forma pública como responsable de delitos, le limitó derechos procesales durante la instrucción, y prejuzgó con suposiciones subjetivas”, acusaron.
Por todo lo anterior los gobernadores aseguraron que ambos procedimientos evidenciaron graves vicios procesales, dictámenes con una deficiente valoración de los elementos probatorios, información tergiversada, apreciaciones jurídicas torpes y burdas, pero sobre todo argumentos sesgados y contradictorios.
“Es evidente que no fue el derecho y la justicia la que orientó a la Comisión Instructora en sus dictámenes, sino la víscera política. El Pueblo de México merece justicia, no simulaciones perversas”, finalizaron.
