El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó este miércoles de manera unánime el triunfo de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, pues se acreditó que las violaciones atribuidas al abanderado morenista y otros funcionarios públicos no fueron determinantes para modificar el resultado de los comicios celebrados en junio pasado.
Como se adelantó el fin de semana en el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés, el pleno de la Sala Superior del TEPJF rechazó la queja presentada por el PAN, partido que desconoció los resultados que favorecieron a Américo Villarreal sobre su candidato César “Truko” Verástegui, por presuntamente haber sido favorecido por grupos de la delincuencia organizada.
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En una discusión de más de tres horas, los magistrados además de la presunta intervención del crimen organizado analizaron la supuesta pérdida en la cadena de custodia de los paquetes electorales y si la participación de funcionarios públicos en mítines políticos, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, generó una ventaja significativa hacia el abanderado morenista en la jornada electoral de junio pasado.
En sesión extraordinaria, los magistrados señalaron de manera unánime que aunque sí existieron violaciones en la equidad de la contienda por parte de funcionarios públicos a favor de Américo Villareal, estas no fueron generalizadas y no existen elementos para señalar que significaron un cambio en la preferencia de los votantes, pues entre uno y otro hubo una diferencia del seis por ciento de sufragios emitidos.
Tampoco se pudo comprobar que el gobernador electo recibió aportaciones de dinero de origen ilícito para su campaña.
Sobre la presunta participación de los grupos de la delincuencia organizada, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña reconoció que si bien hubo eventos violentos en la entidad antes y durante la jornada electoral fueron hechos aislados que, aunque graves, no son suficientes para anular la elección, pues como señaló el propio José Luis Vargas Valdez, esta medida sólo debe tomarse de manera excepcional.
“La nulidad de una elección no es una sanción sino una consecuencia, no es una vía represora, sancionatoria o reparadora (...) por lo que aun estando frente a infracciones sustanciales nuestra función constitucional es las de justipreciar si éstas son de entidad suficiente para considerar que viciaron de forma indudable e insalvable las condiciones de validez de la contienda”, sostuvo.
Finalmente, los magistrados vincularon al Instituto Nacional Electoral para que emita lineamientos que eviten que los funcionarios conocidos como Servidores de la Nación no participen como funcionarios de casilla −como sucedió en los comicios de Tamaulipas− debido a su cercanía con la ciudadanía, lo que podría coaccionar el voto.
Con información de El Sol de Tampico
