/ lunes 3 de diciembre de 2018

No nos vamos a lavar las manos ni habrá impunidad: AMLO a padre de los 43 de Ayotzinapa

Alejandro Encinas Rodríguez, detalló que la comisión retomará las líneas de investigación desechadas por la PGR

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador promete a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que no se lavará las manos ni habrá impunidad en lo que llamó un caso de Estado, tras instalar por decreto la Comisión Investigadora de la Verdad.

“No nos vamos a lavar las manos, es decir, ya se firmó un decreto y hay un proceso a otras instancias, a otros poderes, donde ya no tenemos nada que ver nosotros, vamos a ser respetuosos de la autonomía de otros poderes, pero este es un asunto de Estado, es un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con nuestro apoyo, nuestro abrazo fraterno, cariñoso a todas a todos ustedes”, dijo al firmar el decreto en el salón de Tesorería de Palacio Nacional, en medio del pase de lista de los jóvenes desparecidos.

Luego de que la señora María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández, pidió que no repita las mismas omisiones del expresidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó de haberlos dejado en el basurero y padecer humillaciones por parte de las autoridades correspondientes.

“Ayúdenos señor, no queremos que esto quede impune, no queremos que quede como otros casos, que no hay solución, nosotros queremos seguir, encontrar a los muchachos, señor sea humano, nos faltan nuestros 43 jóvenes. Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, esto va a ser grande. La gente va a volver a creer en usted”, manifestó.

La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó que “se investigará a fondo y con imparcialidad”, poniendo a su disposición todos los recursos económicos, documentales y científicos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, anunció que retomarán las líneas de investigación desechadas por la Procuraduría General de la República, regresará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Administración Pública Federal deberá entregar sin reservas la información relacionada con el caso y desplegarán un programa de testigos protegidos.

De acuerdo con Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, indagarán en otros municipios como el de Huitzuco, investigarán a las autoridades estatales de Guerrero y a los elementos del 27 Batallón de infantería, asimismo, retomarán las investigaciones de las líneas telefónicas.

Lee también: Tribunal falla a favor de Comisión de la Verdad por caso Iguala

La comisión tendrá 30 días para instalarse a partir de mañana, después de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación, estará encabezada por la Secretaría de Gobernación e integrada por los padres de los normalistas, la Secretaría de Hacienda, quien administrará todos los recursos económicos y de Relaciones Exteriores, encargada de facilitar el contacto con las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas y el GIEI.

Sin embargo, descartaron atender la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que reconocen como verídica la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, pese a que fue desmentida por el GIEI.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador promete a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que no se lavará las manos ni habrá impunidad en lo que llamó un caso de Estado, tras instalar por decreto la Comisión Investigadora de la Verdad.

“No nos vamos a lavar las manos, es decir, ya se firmó un decreto y hay un proceso a otras instancias, a otros poderes, donde ya no tenemos nada que ver nosotros, vamos a ser respetuosos de la autonomía de otros poderes, pero este es un asunto de Estado, es un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con nuestro apoyo, nuestro abrazo fraterno, cariñoso a todas a todos ustedes”, dijo al firmar el decreto en el salón de Tesorería de Palacio Nacional, en medio del pase de lista de los jóvenes desparecidos.

Luego de que la señora María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández, pidió que no repita las mismas omisiones del expresidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó de haberlos dejado en el basurero y padecer humillaciones por parte de las autoridades correspondientes.

“Ayúdenos señor, no queremos que esto quede impune, no queremos que quede como otros casos, que no hay solución, nosotros queremos seguir, encontrar a los muchachos, señor sea humano, nos faltan nuestros 43 jóvenes. Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, esto va a ser grande. La gente va a volver a creer en usted”, manifestó.

La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó que “se investigará a fondo y con imparcialidad”, poniendo a su disposición todos los recursos económicos, documentales y científicos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, anunció que retomarán las líneas de investigación desechadas por la Procuraduría General de la República, regresará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Administración Pública Federal deberá entregar sin reservas la información relacionada con el caso y desplegarán un programa de testigos protegidos.

De acuerdo con Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, indagarán en otros municipios como el de Huitzuco, investigarán a las autoridades estatales de Guerrero y a los elementos del 27 Batallón de infantería, asimismo, retomarán las investigaciones de las líneas telefónicas.

Lee también: Tribunal falla a favor de Comisión de la Verdad por caso Iguala

La comisión tendrá 30 días para instalarse a partir de mañana, después de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación, estará encabezada por la Secretaría de Gobernación e integrada por los padres de los normalistas, la Secretaría de Hacienda, quien administrará todos los recursos económicos y de Relaciones Exteriores, encargada de facilitar el contacto con las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas y el GIEI.

Sin embargo, descartaron atender la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que reconocen como verídica la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, pese a que fue desmentida por el GIEI.

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