El presidente Andrés Manuel López Obrador ya derogó la reforma educativa aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, se ordena en el memorándum de Presidencia de la República.
Esta mañana firmó y mandó el documento a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y la de Hacienda y Crédito Público dejan sin efecto la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, mientras el Congreso de la Unión llega a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación.
“Ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para detener, para dejar sin efecto las medidas que contempla, la mal llamada reforma educativa, todo esto mientras se resuelve la reforma a la Constitución”, dio a conocer durante un video en su cuenta de Twitter.
A partir de este momento, la SHCP y la SEP adquieren el control del pago de nómina y el control de plazas magisteriales, según se lee en los incisos “a” y “c” del documento que envió esta mañana a las dependencias federales.
La Secretaría de Gobernación deberá liberar a los líderes sindicales que se opusieron a la reforma educativa, restituir a los cesados y pagar una indemnización a sus familiares por los daños ocasionados.
Además, la SEP deberá garantizar la educación obligatoria, gratuita y laica en todos los niveles escolares y cancelar las evaluaciones punitivas a los maestros.
No obstante, exhorta a la CNTE y al sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a restablecer el diálogo con el gobierno de la República, para que se pueda promulgar una nueva reforma.
“Aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación”, concluye el memorándum.
