El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum para suspender la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, hasta que el Congreso de la Unión y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleguen a un consenso en la nueva legislación constitucional.
“Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, ordenó López Obrador a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda.
Con el documento, el Ejecutivo pretende asumir el control de la nómina y las plazas magisteriales, para evitar el tráfico de estas en manos de los líderes magisteriales, pese a que es una de las principales exigencias de la disidencia magisterial y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
“La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas o “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción”, se lee en el inciso “c” del documento suscrito por la Presidencia de la República.
En tanto que la SEP deberá reinstalar a los profesores cesados por las “evaluaciones punitivas”, garantizará la contratación de los egresados de escuelas normalistas y se hará responsable de que se cumplan los principios de una educación gratuita, laica y obligatoria en todos los niveles educativos.
A tan sólo unas horas del anuncio del Primer mandatario, organizaciones de la sociedad civil lo acusaron de ceder ante presiones para tratar de abrogar, sin fundamento legal, la reforma educativa aprobada durante el sexenio pasado.
David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, dijo por medio de redes sociales que la decisión del Ejecutivo tan no tiene fundamento legal, que no le alcanzarán los abogados para defenderla de una impugnación en el Poder Judicial de la Federación.
“El acto de autoridad en el cual un funcionario de la Federación incumpla unilateralmente con la Constitución y las leyes vigentes en materia educativa es motivo de amparo y de controversia constitucional. No tienen suficientes abogados”, amagó desde su cuenta de Twitter.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recordó que en los últimos meses hubo un diálogo abierto de los legisladores federales para llegar a un consenso de cómo mejorarla, reconociendo los derechos laborales de los maestros; sin embargo, con el memorándum se rompe este acuerdo.
Especialistas en derecho consultados por El Sol de México coincidieron en que el memorándum del tabasqueño para derogar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto carece de fundamento legal, por lo que cualquier ciudadano puede ampararse y seguramente ganará, coincidieron especialistas en derecho.
El ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, argumentó que el documento carece de fundamentación jurídica, por lo que sería muy fácil que cualquier ciudadano pueda ampararse ante este memorándum. “Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”, detalló en su cuenta de Twitter.
Javier Cruz Angulo, académico del CIDE, explicó que el oficio del Presidente ni siquiera cita una ley o artículo para emitir tal orden. “Tiene un pequeño gran defecto: no tiene ningún fundamento legal, lo que no nos permite observar el documento es de dónde se desprenden las capacidades del presidente para emitirlo, cuánto va a durar, con qué fundamento legal lo hizo, cuál es la capacidad de las secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Educación, quién lo va a acatar y por qué”, dijo.
De la misma forma opinó Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien dijo que “definitivamente es inconstitucional” abrogar la reforma educativa de esta forma.
