La Cámara de Diputados aprobó reformas a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que los protege en situación de orfandad, y que las autoridades federales, las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, deberán adoptar de manera inmediata las garantías y medidas de protección especial, a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de orfandad.
De acuerdo con el DIF, son alrededor de 118 mil niñas, niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad a causa del Covid-19.
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Con 482 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avalaron reformas a los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La reforma establece que el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, en coordinación con las procuradurías de Protección, serán las garantes de recibir de manera inmediata a todos los cuidados que se requieran por su situación de orfandad.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo del PAN, mencionó que todo lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes debe ser prioritario para el Estado mexicano, así como garantizarles sus derechos a la salud, educación, a tener una familia y a la seguridad.
Hizo votos para darle protección y certeza a la infancia, principalmente a la que está en situación de orfandad. Con el dictamen, dijo, se busca establecer la concurrencia de todas las autoridades federales, estatales y municipales para que se garanticen las medidas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad.
Principales factores de orfandad en infantes por crimen, migración y feminicidio
En nuestro país, de acuerdo con Unicef hay 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes que están en condición de orfandad a causa del fallecimiento de sus padres o madres, como consecuencia de diversos factores, como la migración, el crimen organizado, feminicidio y por el Covid-19.
Mencionó que, hasta marzo de 2021, el Inmujeres ubicó 796 casos de niñas, niños y adolescentes con orfandad por el feminicidio y, de acuerdo con el DIF, son alrededor de 118 mil niñas, niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad a causa del Covid-19.
Como Estado mexicano, expuso, “estamos obligados a garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y velar por cumplir con el principio del Interés Superior de la Niñez, que hoy más que nunca requiere de nuestra atención y prioridad”.
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La diputada Laura Barrera Fortoul del PRI, señaló que, de acuerdo con un estudio en Suecia, cuando una niña o niño pierde a su madre a temprana a edad a causa de una enfermedad, su riesgo de padecer depresión puede ser entre el 15 y 19 por ciento, pero cuando la muerte ocurre por homicidio, suicidio o accidente, esto se suma a casi 223 por ciento más.
Garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social que, aunado al diseño de mejores programas institucionales y programáticos, y al incremento de la inversión presupuestal en el bienestar de niñas y niños requiere de una participación y compromiso más amplio, así como la intervención de todas y todos y de cada uno de los actores y sectores del país, señaló.
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