El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó castigar hasta con 10 años de prisión a quien afecte la integridad física, mental o emocional del personal que labore en el Sistema Nacional de Salud, cuerpos de servicios de emergencia o las Fuerzas Armadas en funciones de auxilio, cuando se dediquen a la mitigación de una contingencia sanitaria o desastre natural.
El dictamen fue aprobado prácticamente por unanimidad con 367 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones y remitido al senado para su ratificación.
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Este documento estipula que será una agravante si las agresiones o daños se dan en el marco de un desastre natural o emergencia sanitaria, como es el caso de la actual pandemia por Covid-19.
Dicha reforma también prevé castigar a quien dañe las instalaciones, ya sean públicas o privadas, de este personal sanitario.
El dictamen responde al incremento de denuncias en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) aumentaron más del doble entre el 6 y 9 de abril cuando inició la pandemia.
Esta misma instancia, registró entre el 19 de marzo, cuando inició la atención de la pandemia, al 13 de abril, poco más de 90 quejas de parte de personal sanitario, primordialmente.
De ahí, diversas instituciones de salud y hospitales ordenaron medidas para garantizar la integridad de sus trabajadores, como: operativos policiacos, resguardo de parte de la Guardia Nacional o transporte privado.