/ lunes 14 de enero de 2019

Busca Senado fiscal general sin militancia

El próximo titular de la FGR delineará las prioridades nacionales en el Plan de Persecución Penal, también nombrará las cabezas de las 4 Fiscalías Especializadas

El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, Julio Ramón Menchaca Salazar, detalló que el perfil del próximo fiscal general requiere contar con un alto reconocimiento social, gran experiencia en la procuración de justicia, credibilidad, confianza del pueblo mexicano, así como no contar con militancia partidista activa.

En este sentido, señaló que no se debe anteponer la ideología política que cada persona tenga, a su perfil profesional, pues lo que sí debe de hacerse, y así se establece en la designación de otros funcionarios, es acotar la militancia activa.

“Mujeres y hombres tenemos el derecho a profesar una ideología política, a tener una religión, una preferencia. No puede encontrarse un ser neutral. Esto no se trata de una cuestión de partidos, se trata de atender el reclamo del pueblo de México”.

Reconoció que existen militantes partidistas con un alto perfil profesional en distintas ramas, por lo que expresó “no sería correcto denostarlo por su ideología política”.

Menchaca Salazar acusó que la actual Procuraduría General de la República (PGR) fue desacreditada con escándalos, ineficiencia, el reclamo de perseguir delitos y un incremento impresionante en algunos de ellos, como el robo de combustible, la trata de personas o el llamado cobro de piso.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México


Por ello, refirió que lograr credibilidad y confianza en la ciudadanía mexicana hacia la nueva Fiscalía General de la República será un tema difícil para su próximo titular.

Sin embargo, aseguró que se están tomando decisiones y asumiendo un costo político, porque implica una respuesta a quienes votaron por los legisladores de su Grupo Parlamentario y para todos los mexicanos.

Al nombrarse al nuevo titular de la FGR, éste deberá elaborar el Plan de Persecución Penal en el que considerará las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales; las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal.

El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, Julio Ramón Menchaca Salazar, detalló que el perfil del próximo fiscal general requiere contar con un alto reconocimiento social, gran experiencia en la procuración de justicia, credibilidad, confianza del pueblo mexicano, así como no contar con militancia partidista activa.

En este sentido, señaló que no se debe anteponer la ideología política que cada persona tenga, a su perfil profesional, pues lo que sí debe de hacerse, y así se establece en la designación de otros funcionarios, es acotar la militancia activa.

“Mujeres y hombres tenemos el derecho a profesar una ideología política, a tener una religión, una preferencia. No puede encontrarse un ser neutral. Esto no se trata de una cuestión de partidos, se trata de atender el reclamo del pueblo de México”.

Reconoció que existen militantes partidistas con un alto perfil profesional en distintas ramas, por lo que expresó “no sería correcto denostarlo por su ideología política”.

Menchaca Salazar acusó que la actual Procuraduría General de la República (PGR) fue desacreditada con escándalos, ineficiencia, el reclamo de perseguir delitos y un incremento impresionante en algunos de ellos, como el robo de combustible, la trata de personas o el llamado cobro de piso.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México


Por ello, refirió que lograr credibilidad y confianza en la ciudadanía mexicana hacia la nueva Fiscalía General de la República será un tema difícil para su próximo titular.

Sin embargo, aseguró que se están tomando decisiones y asumiendo un costo político, porque implica una respuesta a quienes votaron por los legisladores de su Grupo Parlamentario y para todos los mexicanos.

Al nombrarse al nuevo titular de la FGR, éste deberá elaborar el Plan de Persecución Penal en el que considerará las prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales; las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal.

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