La Cámara de Diputados prepara cambios en la contratación de sus empleados a través de honorarios asimilados, los cuales contemplan mediante distintas figuras jurídicas liquidar, despedir y recontratar sin ninguna prestación económica y social, esto bajo el argumento de la austeridad republicana.
Se trata de nuevos esquemas de contratación para aproximadamente dos mil 500 empleados, quienes entrarían en una relación laboral bajo la figura de honorarios asimilados y de confianza, a través de los cuales el órgano legislativo restará los pagos de aguinaldos, vacaciones, horas extras, bonos, vales y cualquier otro derecho laboral. La única oportunidad y beneficio es la contratación.
El Sol de México obtuvo un documento que la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados giró a todos los secretarios técnicos, áreas, departamentos y coordinaciones, que contiene los lineamientos del “nuevo modelo de contratación de servicios profesionales”. No son reformas laborales, sino argucias de carácter fiscal, hacendario y presupuestal, dice el catedrático en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad del Valle de México, Marco Cortés Rodríguez.
“Con la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han suprimido plazas y desde la Secretaría de Hacienda han ordenado que las bases presupuestales destinadas a nómina las recorten y realicen 'malabares'; no son tanto reformas laborales, sino de carácter fiscal, hacendario y presupuestal’’, comenta el académico.
A números de 2019, la Cámara de Diputados cuenta con mil 657 plazas de base; mil 780 de confianza y el resto de honorarios, cuando en 2017 existían seis mil 644, de acuerdo a su portal de transparencia.
El formato ha sido entregado a los trabajadores de esas figuras de contratación, que además sirve para recorte de personal, a excepción de aquellos de base.
Son distintas modalidades, pues algunos trabajadores serán liquidados y de inmediato recontratados bajo las nuevas reglas, mientras otros solamente habrán de firmar el esquema que será utilizado a futuro.
La nueva contratación entró en vigor desde el pasado 1 de junio de 2019, pero la inconformidad crece conforme se acerca el 1 de septiembre, que arranca el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura.
Se trata de un convenio que deja en desventaja laboral a los trabajadores, pues abre la puerta para rescindir los contratos al más amplio criterio de la Cámara de Diputados.
El contrato no especifica en ningún renglón de sus dos cuartillas la prestación, que se tiene actualmente: vacaciones, aguinaldo, horas, extras, tarjetas de regalo de fin de año, vales de despensa mensuales, entre otras prestaciones que ampara la ley y los contratos colectivos de trabajo.
En la cláusula “cuarta’’, de las 13 que contiene el formato, señala que ambas partes convienen que será causa de rescisión el incumplimiento de cualquier obligación pactada cuando la prestadora –el trabajador- incurra en negligencia , impericia, dolo o falta de probidad en el desempeño de sus servicios.
Además, señala que “la contratante’’ –Cámara de Diputados- a petición de la instancia solicitante (los jefes de los trabajadores), podrá dar por rescindidos anticipadamente el presente contrato en forma inmediata, sin responsabilidad alguna.
Dicha cláusula resulta importante, pues la Cámara de Diputados queda facultada para acusar al trabajador de incurrir en alguna o varias faltas, sin posibilidad de que el empleado pueda demostrar lo contrario.
Una quinta cláusula dice que ambas partes fijan como tiempo de vigencia del contrato el periodo que se determine, y una vez concluido, se extinguirán todos sus efectos sin responsabilidad alguna para la contratante.
Y la sexta: “ambas partes acuerdan que cualquiera de ellas podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento y sin responsabilidad alguna, por así convenir a sus intereses, comunicando a la contraparte esta decisión’’.
Para el académico Marco Cortés Rodíguez, con la austeridad republicana se contrata por ingresos asimilados al salario, para eliminar derechos laborales.
