/ jueves 11 de julio de 2019

Condena Ramírez Cuéllar reforma a Constitución de BC para ampliar gubernatura

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados consideró que esta reforma "es ilegal y viola la voluntad del pueblo de Baja California"

La presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados condenó que los legisladores del Congreso de Baja California hayan aprobado el pasado lunes 8 de julio la reforma al artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política de ese estado, para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

El diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en su calidad de presidente de esta Comisión, exigió que sea respetada la legalidad y al estado de derecho en la entidad, y llamó a la dirigencia nacional de Morena a condenar la reforma y a citar ante la Comisión de Honor y Justicia a los diputados miembros del partido que votaron a favor e investigar si hubo malversación de recursos públicos o privados que motivaran su actuar en favor de la ampliación del periodo de mandato.

Asimismo, consideró que esta reforma "es ilegal y viola la voluntad del pueblo de Baja California”, por lo que hizo un exhorto a Bonilla Valdez para pronunciarse en contra de esta modificación y que acepte el periodo para el cual fue elegido.

El legislador federal también advirtió que la reforma representa un riesgo para la democracia del país, pues "muestra una total falta de respeto al orden jurídico establecido y diluye la certeza jurídica de las instituciones mexicanas”.

En este sentido, Ramírez Cuéllar apuntó que “la falta de respeto al estado de derecho tiene repercusiones directas en el bienestar de la población, pues además de que no se protegen sus derechos fundamentales, se desincentiva cualquier tipo de inversión en el país”.

Para concluir, Ramírez Cuéllar manifestó que “además de las repercusiones políticas, se deben implementar las acciones de control constitucional correspondientes a nivel local y federal, como una controversia constitucional por parte del actual gobernador del estado, o acciones de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California."

La presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados condenó que los legisladores del Congreso de Baja California hayan aprobado el pasado lunes 8 de julio la reforma al artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política de ese estado, para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

El diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en su calidad de presidente de esta Comisión, exigió que sea respetada la legalidad y al estado de derecho en la entidad, y llamó a la dirigencia nacional de Morena a condenar la reforma y a citar ante la Comisión de Honor y Justicia a los diputados miembros del partido que votaron a favor e investigar si hubo malversación de recursos públicos o privados que motivaran su actuar en favor de la ampliación del periodo de mandato.

Asimismo, consideró que esta reforma "es ilegal y viola la voluntad del pueblo de Baja California”, por lo que hizo un exhorto a Bonilla Valdez para pronunciarse en contra de esta modificación y que acepte el periodo para el cual fue elegido.

El legislador federal también advirtió que la reforma representa un riesgo para la democracia del país, pues "muestra una total falta de respeto al orden jurídico establecido y diluye la certeza jurídica de las instituciones mexicanas”.

En este sentido, Ramírez Cuéllar apuntó que “la falta de respeto al estado de derecho tiene repercusiones directas en el bienestar de la población, pues además de que no se protegen sus derechos fundamentales, se desincentiva cualquier tipo de inversión en el país”.

Para concluir, Ramírez Cuéllar manifestó que “además de las repercusiones políticas, se deben implementar las acciones de control constitucional correspondientes a nivel local y federal, como una controversia constitucional por parte del actual gobernador del estado, o acciones de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California."

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