La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Aguas durante su próximo período de sesiones, al resolver 18 controversias constitucionales promovidas por municipios de Chihuahua en contra de la resolución del Poder Ejecutivo de usar el agua de la prensa La Boquilla para pagar deudas derivadas de un acuerdo con Estados Unidos.
Así lo resolvió por mayoría de votos el Pleno del Máximo Tribunal al avalar un proyecto elaborado por el ministro Javier Laynez, que proponía desde un principio declarar que el Congreso había incurrido en una “omisión legislativa absoluta”, al no haber cumplido con el artículo tercero transitorio de la Constitución, que estableció como un derecho humano el acceso al agua desde la reforma del 18 de febrero de 2012.
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Desde esa fecha se había dado al Congreso 360 días para emitir una nueva Ley General de Aguas que sustituyera a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, misma que sigue sin ser creada.
Sin embargo, la Corte no dio la razón a los municipios sobre que la actuación del Gobierno Federal de disponer del agua del estado vulnera “las atribuciones de los ayuntamientos sobre acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico”. Por el contrario, rechazó que fuera una obligación del Gobierno coordinarse con los municipios para disponer de las aguas de la presa.
Así, la Corte resolvió la validez del Ejecutivo Federal de disponer del agua almacenada la prensa La Boquilla para pagar los adeudos del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos y México.
La entrega de agua entre México y Estados Unidos está prevista en un tratado celebrado entre ambos países en 1944 para que ambos países aprovechen el agua de los ríos Colorado y Bravo, en Tijuana.
En septiembre de 2020, más de 500 agricultores de los municipios de Chihuahua irrumpieron en La Boquilla buscando frenar el envío de aguas de la prensa La Boquilla hacía Estados Unidos, lo que provocó un conflicto con el gobierno de Chihuahua, entonces a cargo de Javier Corral, y fuertes disturbios que incluso obligaron a que la Guardia Nacional tuviera que intervenir.
Sobre esta situación la Corte también determinó suspender los actos atribuidos a la Guardia Nacional, declarando que el Ejecutivo Federal podía hacer uso de este cuerpo policiaco-militar para resolver la situación en La Boquilla.
En sus controversias los agricultores acusan una afectación de ocho mil 113 productores agrícolas que requieren agua para cultivar en más de 73 mil hectáreas, por lo que se oponían al envío de este recurso.
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