La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó no ejecutar las denuncias penales o administrativas que se hayan promovido en contra de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por la consulta de revocación de mandato del presidente de la República.
Además, ordenó al INE realizar el proceso de consulta de revocación de mandato “de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado”.
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La resolución fue del ministro Juan Luis González Alcántara, quien notificó que modificó la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, solicitada por el Instituto Electoral para impugnar la reducción de cuatro mil 913 millones de pesos a su solicitud de presupuesto que presentó ante la Cámara de Diputado.
“Se modifica la suspensión decretada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, solicitada por el Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”, ordenó la Corte.
El pasado 22 de diciembre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia penal en contra de seis consejeros del Instituto que votaron a favor de suspender la consulta de revocación de mandato por el presunto delito de coalición de servidores públicos.
Esta denuncia fue presentada en contra de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, así como contra de los consejeros Ciro Murayama, Paola Ravel, Jaime Rivera, Roberto Ruiz y Beatriz Zavala, así como contra el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo.
Sin embargo, este recurso fue retirado por el mismo legislador luego de que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de esta denuncia tras considerar que son otras instancias, como la Corte o el Tribunal Electoral, las que deben resolver las diferencias en este proceso.
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Por su parte, la determinación de la Corte sobre el presupuesto ocurre luego de que la Secretaría de Hacienda rechazó la semana pasada ampliar el presupuesto al órgano autónomo, que solicitaba mil 738 millones de pesos para poder efectuar la consulta como tenía previsto.
Ambas órdenes de la Corte se suman a las adoptadas el día de ayer, cuando el Máximo Tribunal del país rechazó modificar la pregunta de revocación de mandato y prohibió a los partidos políticos hacer publicidad de este ejercicio ciudadano, aunque le permitió tener representantes durante la puesta en marcha de la jornada de consulta a realizarse el próximo 10 de abril.
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