/ jueves 12 de mayo de 2022

Corte ordena reservar datos de personal de la FGR señalados por diversos delitos

El fallo de la Corte, que obtuvo siete votos a favor y tres en contra, eliminó una resolución del Inai dictada el 28 de agosto de 2019

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reservar los nombres y cargos del personal de la Fiscalía General de la República (FGR) señalados por presuntos delitos como tortura, desaparición forzada, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fallo de la Corte, que obtuvo siete votos a favor y tres en contra, eliminó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dictada el 28 de agosto de 2019, por la que había ordenado a la Fiscalía publicar datos de su personal administrativo y sustantivo, es decir de agentes del Ministerio Pública, de la Policía Federal Ministerial y peritos.

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De acuerdo con el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, los datos fueron solicitados por un ciudadano que presentó una solicitud de acceso a la información solicitando los nombres y los cargos de todo el personal adscrito a diversas subprocuradurías de la fiscalía.

De manera específica pidió los datos de integrantes de la Subprocuraduría de Control Regional, Subprocuraduría de Delitos Federales, Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En su respuesta la FGR entregó toda la información relacionada con personal administrativo y los cargos con jerarquía inferior a jefe de departamento, pero negó la entrega de la información relacionada con el personal sustantivo y administrativo de la SEIDO bajo el argumento de que “se pondría en riesgo la integridad de las personas”.

Por ello la FGR promovió un juicio de controversia constitucional que fue aceptada bajo el expediente 325/2019. En su proyecto Laynez proponía mantener la publicación únicamente de los nombres del personal administrativo de la SEIDO, pero cinco ministros rechazaron dicha petición.

De esta manera el Máximo Tribunal del país determinó que la orden del Inai podría afectar las atribuciones constitucionales de la Fiscalía para la investigación y persecución de delitos federales, al revelar diversos datos personales de los agentes.

Además, el ministro agregó que de cumplirse la orden del Inai se estarían publicando el 73 por ciento de los agentes del Ministerio Público, así como detalles de más de nueve mil servidores que colaboran en la persecución de los delitos.



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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reservar los nombres y cargos del personal de la Fiscalía General de la República (FGR) señalados por presuntos delitos como tortura, desaparición forzada, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fallo de la Corte, que obtuvo siete votos a favor y tres en contra, eliminó una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dictada el 28 de agosto de 2019, por la que había ordenado a la Fiscalía publicar datos de su personal administrativo y sustantivo, es decir de agentes del Ministerio Pública, de la Policía Federal Ministerial y peritos.

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De acuerdo con el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, los datos fueron solicitados por un ciudadano que presentó una solicitud de acceso a la información solicitando los nombres y los cargos de todo el personal adscrito a diversas subprocuradurías de la fiscalía.

De manera específica pidió los datos de integrantes de la Subprocuraduría de Control Regional, Subprocuraduría de Delitos Federales, Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En su respuesta la FGR entregó toda la información relacionada con personal administrativo y los cargos con jerarquía inferior a jefe de departamento, pero negó la entrega de la información relacionada con el personal sustantivo y administrativo de la SEIDO bajo el argumento de que “se pondría en riesgo la integridad de las personas”.

Por ello la FGR promovió un juicio de controversia constitucional que fue aceptada bajo el expediente 325/2019. En su proyecto Laynez proponía mantener la publicación únicamente de los nombres del personal administrativo de la SEIDO, pero cinco ministros rechazaron dicha petición.

De esta manera el Máximo Tribunal del país determinó que la orden del Inai podría afectar las atribuciones constitucionales de la Fiscalía para la investigación y persecución de delitos federales, al revelar diversos datos personales de los agentes.

Además, el ministro agregó que de cumplirse la orden del Inai se estarían publicando el 73 por ciento de los agentes del Ministerio Público, así como detalles de más de nueve mil servidores que colaboran en la persecución de los delitos.



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