Corte sigue en análisis sobre la Ley Bonilla

A pesar de que se había comentado que posiblemente en febrero podría la Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) emitir un fallo en torno a la polémica “Ley Bonilla”, fuentes consultadas por El Sol de México señalaron que hasta este momento se continúa en la elaboración el proyecto por parte del Ministro José Fernando Franco Salas.

Las fuentes comentaron que hasta ahora no se tiene un proyecto definido, por lo que aún se continúa en el proceso de análisis, por lo “que hasta ahora no ha sido enlistado y no hay una fecha exacta para la discusión del proyecto”.

“Todavía en diciembre había actuaciones pendientes y que no se cumpla los tiempos de las mismas lleva a que no se enlista para la discusión del proyecto”, explicaron.

La llamada “Ley Bonilla” es la aprobación que hizo el Congreso del Estado de Baja California el 9 de julio de 2019, con el objetivo de ampliar de dos a cinco años el mandato del actual gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Esta decisión provocó que se interpusieron varios recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos magistrados definirán si la administración a cargo del morenista pasa a cinco años o solo se queda en dos, como estaba contemplado desde la convocatoria que emitió el Instituto Electoral de ese estado.

La SCJN indicó a inicio de este año que entre los seis temas principales que atendería y resolvería es era la “Ley Bonilla”, aunque no se define la fecha exacta.

Esta ampliación de mandato, también provocó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la declarará inconstitucional, ya que se aparta de la “regularidad constitucional”, por lo que ésta resolución se incorporó al expediente de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos actores políticos.

En este sentido, las acciones de inconstitucionalidad presentadas en la SCJN fueron de los partidos Acción Nacional, del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, así como por el Movimiento Ciudadano, el Partido de Baja California , así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).